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I

La PSU, que originalmente se debía rendir en el mes de noviembre, los días lunes 18 y martes 19, debió suspenderse en dos ocasiones por la irrupción de la rebelión popular, encabezada precisamente por la juventud estudiantil chilena, que en octubre comenzaron con la evasión masiva del metro como forma de protesta ante el alza de los pasajes.

Las autoridades del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile junto al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), a cargo de la administración de la PSU, pensaron que después de las fiestas de fin de año y comenzada la temporada de verano, no iban a haber inconvenientes para su realización, pero, como todos los pronósticos del último tiempo, fallaron.

Desde hace un par de semanas los jóvenes estudiantes, agrupados en distintas organizaciones, entre las que destacan por su combatividad, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), comenzaron una campaña contra este perverso sistema de exclusión y marginación social como es la PSU.

Este domingo, cuando se encontraba programado el reconocimiento de salas, algunos liceos comenzaron con los procesos de toma. En la nortina ciudad de Copiapó, los liceos José Antonio Carvajal y el Liceo de Música de Copiapó, dos de los cuatro establecimientos donde se debía tomar la prueba se encontraban tomados por sus estudiantes. Lo mismo ocurrió hacia el sur, en la comuna de Quellón, una localidad ubicada en al de la isla grande de Chiloé, donde el único liceo donde se podía rendir se encontraba tomado, el liceo Rayen Mapu.

Así la víspera de la prueba anunciaba que los estudiantes iban a dar la pelea para cambiar este perverso sistema que deja afuera a miles de estudiantes de la educación superior universitaria, particularmente de las universidades tradicionales, públicas y estatales.

Durante el día lunes, en diferentes partes del país continuaron las tomas y manifestaciones. Desde temprano en la mañana se supo que los Liceos Eduardo De La Barra, de Valparaíso, Liceo A1 de Arica, habían amanecido tomados por sus estudiantes. En la Región Metropolitana de Santiago, en tanto, los estudiantes debieron enfrentar la represión policial en las comunas de La Cisterna, el Bosque y Puente Alto, en el Liceo Politécnico Ciencia y Tecnología, el Liceo Juan Gómez Millas, y el Colegio Fernando de Aragón,respectivamente. Mejor suerte tuvieron los estudiantes del Colegio República de Siria en Ñuñoa, donde debió suspenderse la prueba. También en Calama debió suspenderse la prueba, por manifestaciones y protestas en los tres establecimientos donde debía rendirse.

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Pasado el mediodía el DEMREseñaló que en 63 establecimientos debieron suspender la aplicación de la prueba, correspondiente a un 9,6% del total de establecimientos del país. Mientras que según cifras gubernamentales un 10% de los inscritos no pudo rendir el test.

Pero quizá lo más significativo ocurrió el día martes. Además de sumarse nuevos establecimientos a la protesta, se filtraron las pruebas en cuestión, lo que significó que en la tarde uno de los tres exámenes, el de Historia, se suspendiera para todo el país. Logrando así los estudiantes con su convocatoria el que no se diera en esta ocasión esta prueba de exclusión social educativa.

II

Es que existe abundante evidencia de la perversidad del sistema de “selección”, o mejor dicho de exclusión de la educación chilena. Tanto con la Prueba de Selección Universitaria, como antes con la Prueba de Aptitud Académica, miles de jóvenes año a año han visto frustrados sus sueños y esperanzas de alcanzar algún cupo en alguna de las Universidades tradicionales, públicas y estatales. Todos los estudios desde hace más de una década indican que la prueba diferencia socialmente a los jóvenes estudiantes, entre aquellos que provienen de establecimientos particulares pagados, donde estudian los hijos de los sectores de mayores ingresos, de los establecimientos municipales y subvencionados, donde estudian hijos de trabajadores y de sectores populares. Del mismo modo, se ha evidenciado un sesgo de género, en áreas como Matemáticas y Ciencias, reproduciendo la lógica patriarcal en el ámbito educativo.

Pero además desde su creación en 1966, se ha creado progresivamente en torno suyo, todo un mercado de la educación, que ni siquiera brinda títulos, sino que solamente prepara para “subir el puntaje de la prueba”, de modo tal que quien tiene los recursos para pagar un pre-universitario, tener tiempo para dedicarse durante uno o dos años, como lo hacen habitualmente los estudiantes de estratos acomodados, pueden ir mejorando su admisibilidad. Mientras quienes no tienen acceso por falta de recursos económicos, ven disminuidas sus posibilidades. De hecho, la misma prueba tiene un costo, no menor, que va variando cada año, siendo este año de $32.700 pesos, aproximadamente unos 42 dólares, prácticamente un 10% del salario mínimo actual.

Por otra parte, al ser limitados los cupos de las Universidades Estatales, variable según cada carrera, los jóvenes que son excluidos por esta arbitraria prueba son absorbidos por el sistema privado de educación superior, que les ofrece cumplir sus sueños y anhelos, aunque a un elevado costo, muchas veces duplicando los costos de matrícula y arancel. Así para quienes no pueden costearlo, desde la creación del Crédito con Aval del Estado, durante el gobierno de Ricardo Lagos en 2002, el sistema les ofrece contraer una deuda millonaria que deben pagar prácticamente el resto de su vida, terminen o no sus estudios.

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III

Todo esto debía cambiar luego de que en 2006, con la revolución de los pingüinos, y en 2011 con la enorme movilización de los estudiantes, se pusieran en serio cuestionamiento las bases y fundamentos de la educación de mercado creada por la dictadura de Augusto Pinochet, que desarticuló todo el sistema universitario previo al ’73, donde la Universidad de Chile tenia sedes a lo largo del país, cubriendo en gran parte, aunque con deficiencias, el derecho a la educación superior. El grito de “Fin al lucro” atravesó las calles y las conciencias de la mayoría que ya no veían legítimo ni razonable que unos pocos se enriquecieran con la educación de la población.

Fue esa la promesa con la que asumió Michel Bachelet en su segundo mandato, entre 2014 y 2018, con la ex Nueva Mayoría, apoyada por el Frente Amplio, con quien formó gobierno, de hecho, uno de los principales partidos del FA, Revolución Democrática fue parte del Ministerio de Educación donde diseñaron la frustrada reforma al sistema educativo chileno. Teniendo mayoría parlamentaria, y habiendo logrado un amplio apoyo, traicionaron al movimiento estudiantil, manteniendo la desigualdad del sistema. No pudieron generar una reforma que diera un impulso a la educación pública en todos sus niveles. Al contrario profundizaron la subsidiariedad del sistema, cofinanciando a los establecimientos particulares privados tanto en la educación escolar, como en la universitaria y técnica. Fue fundamentalmente esa promesa incumplida, que desilusionó a las masas, lo que inclinó la balanza electoral para que hubiera un cambio de gobierno.

Hoy los jóvenes han comenzado a cuestionar todo un sistema, que agobia a las nuevas generaciones dejándolos sin perspectiva de futuro, tanto para cumplir sus sueños de estudios, como en un futuro de trabajo cada vez más precarizado y con más deudas, sin acceso a una salud y educación de calidad, donde al final del camino se ve una miserable jubilación, que es la realidad actual. En el fondo lo que ha comenzado a ponerse en cuestionamiento es que el capitalismo chileno con todas sus injusticias y desigualdades no se aguanta más.

 

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