Basta de represión al pueblo Mapuche

Chile: Carabineros desalojaron la toma de la municipalidad de Curacautín que mantenían comuneros mapuches

Carabineros y un grupo de civiles desalojaron violentamente el edificio municipal de Curacautín tomada pacíficamente hace una semana por comuneros mapuche.

Andrés Masotto

El lunes pasado, como respuesta a la situación que atraviesan los integrantes de pueblos originarios privados de su libertad por resistir la avanzada represiva del Estado chileno sobre sus territorios, comuneros y familias mapuche tomaron pacíficamente el edificio municipal de Curacautín para exigir que se protejan y garanticen sus derechos. La respuesta fue más de lo mismo: Carabineros -señalada y judicializada por los crímenes contra el pueblo chileno a partir de octubre pasado- desalojó la toma. Pero la mencionada fuerza no actuó sola. Un grupo de civiles se sumó al accionar represivo, arrojó piedras contra los mapuche, volteó y quemó sus autos y entonó el canto “¡El que no salta es mapuche!”

La actitud tomada por este grupo de civiles no es casual ni aislada: ya el año pasado habitantes de distintas zonas de Chile comenzaron a organizarse identificados con chalecos amarillos (pero muy lejos de los chalecos amarillos franceses originales) para enfrentar a los manifestantes y defender la propiedad privada con violencia –incluso con armas de fuego, como pudo verse el 10 de noviembre cuando un hombre vestido con un chaleco amarillo disparó contra una manifestación en Playa Reñaca, hiriendo a varias personas-.

Ni en aquel momento ni ahora el Estado tomó cartas en el asunto. De hecho, todo lo contrario. Así como en las protestas surgidas a partir de octubre Carabineros permitía que civiles se sumen a la represión, sucedió lo mismo en Curacautín: el Estado legitimando que civiles ejerzan la represión con sus propias manos.

Así, no llama demasiado la atención que el nuevo ministro de Interior, Victor Pérez Varela (de tradición pinochetista, miembro de Unión Demócrata Independiente y compañero del fallecido Jaime Guzmán, autor de la Constitución chilena y mano derecha de Augusto Pinochet) niegue la existencia de presos políticos y desligue al gobierno. “En Chile no hay detenidos políticos. Presos políticos, entendemos, que por sus ideas están detenidos. Aquí las personas que están privadas de libertad lo están por resoluciones de los tribunales de justicia, no del gobierno”, fue lo que dijo.

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El domingo por la mañana, horas después de los hechos de violencia mencionados, el gobierno celebró el accionar de Carabineros: “Carabineros salvó vidas, protegió los derechos de las personas, incluso las que fueron detenidas. Salvaron vidas de ciudadanos que vieron en peligro su integridad física, producto de violentos atentados”.

Por su parte, la oposición y gran parte de la ciudadanía chilena iniciaron una campaña por redes sociales para apoyar la lucha histórica de los pueblos originarios publicando imágenes de la bandera mapuche junto a mensajes de apoyo.

El marco represivo

La región de la Araucanía es foco de la represión hace tiempo. En 2013, el machi Celestino Córdova fue acusado del asesinato del empresario Werner Luchsinger y su esposa, VivianneMackay, y condenado a 18 años de prisión en un proceso judicial plagado de irregularidades.

En 2018, el Comando Jungla de Carabineros asesinó de un disparo en la cabeza al comunero mapuche Camilo Catrillanca, que ya venía siendo perseguido por su militancia. Casualmente, ese día las cámaras que porta cada Carabinero para grabar su trabajo no tenían memoria para guardar el registro.

En otro orden, pero parte de la misma lógica, en regiones como la Araucanía el acceso al agua es difícil y escaso porque, a contramano del mundo y de todos los tratados de derechos humanos, en Chile el agua es una mercancía. Mientras el ministro de agricultura, Antonio Walker, es poseedor de derechos sobre 30.000 litros de agua por segundo, a 68 millones de pesos chilenos el litro por segundo, en regiones como la mencionada, sus habitantes acceden a 20 litros de agua al día.

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Con todo, la avanzada represiva civil y estatal contra los pueblos originarios representa una proyección lógica de gobiernos que se ocuparon de invisibilizar sistemáticamente su existencia.

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