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    Carandiru: 27 años de injusticia y desprecio a los derechos humanos

    La tragedia ocurrió un 2 de octubre de 1922, y cumplió ya 27 años. La masacre ocurrida en el antiguo presidio de Carandiru es considerada la mayor matanza  en una prisión del país. El ataque según los datos oficiales dejó 111 muertos, muchos de ellos presos que estaban dentro de las celdas, sin posibilidades de defensa.

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    Editor en Jefe del portal IzquierdaWeb - Noticias de los trabajadores, las mujeres y la juventud.
    Rosi Santos

    Todo sucedió bajo la mirada y órdenes del gobernador de San Pablo, Luiz Antonio Fleury Filho (MDB) y del comandante de la Policía Militar (PM), Ubiratan Guimarães.

    Los datos actualizados en 2018 hablan de 122 muertes en la masacre del presidio de Carandiru. Según el comandante de la operación todo ocurrió durante una intervención de la Policia Militar para contener una rebelión, iniciada después  de una pelea entre detenidos que desataron los disturbios en el Pabellón 9 del complejo. En tanto, en la mañana del 2 de octubre cerca de 300 policías fueron llamados por el director del penal, Ismael Pedrosa, para poner fin al conflicto cueste lo que cueste.  Así se dio inicio a uno de los mayores crímenes de Estado llevado a cabo por la Policía Militar después de la dictadura en Brasil.

     

    Los policías entraron disparando…

    Esa misma mañana, los presos comenzaron a entregar las armas y negociar el fin de la rebelión. Aun así, la PM rompió la barricada hecha por los detenidos y entró abruptamente al Pabellón, dejando en evidencia que la intención no era poner fin a la rebelión, sino disciplinar de la peor manera a los presos.

    Imágenes como esa coparon todo el día la tv pública, los medios se disputaban por derecha la narrativa de la tragedia.

    Actualmente la presidencia de Jair Bolsonaro (PSL), entusiasta defensor de Fleury lleva adelante el proyecto criminal del ex coronel. Intentando crear leyes que dan mayor poder a la policía por medio de indultos y privilegios a ese sector, Bolsonaro llegó a citar el caso de Carandiru al defender sus propuestas, las mismas que llevaron a tragedias parecidas a la de 1992, como la que ocurrió este año en el Centro de Recuperación Regional de Altamira, en el Sudoeste de Pará.

    Solamente en 2001, después de mucha presión el coronel Ubiratan Guimarães comandante de la PM en la operación,fue casi condenado por su responsabilidad en las muertes de la masacre. La condena sería de 632 años, seis años por cada homicidio y veinte años por cinco tentativas de homicidio a sobrevivientes  y testigos, sin embargo al año siguiente, Fleury fue electo diputado estadual por San Pablo luego de la sentencia condenatoria, y comenzó su mandato durante el trámite de apelación de la sentencia.

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    La protesta de los detenidos dentro del complejo

    Pudo gobernar durante cuatro años sostenido por los fueros, hasta ser juzgado el 15 de febrero de 2006, casi 15 años después de la masacre. El juicio tuvo entre sus participantes a 25 jueces, los más tradicionalistas y reaccionarios del estado de San Pablo, y por veinte votos contra dos suspendieron la sentencia condenatoria del ex coronel. La absolución de Fleury causó una enorme indignación popular y de organismos de Derechos Humanos. Ese mismo año, en el mes de septiembre el coronel Ubiratan fue asesinado de un disparo a corta distancia, los autores escribieron en un muro de donde él vivía “lo que aquí se hace, aquí se paga”, en referencia a la masacre.

     

    Una verdadera bomba de tiempo

    Demolido en 2002, Carandiru llegó a tener más de ocho mil reclusos, hoy es el Parque de la Juventud.

    El predio poseía una estética imponente para la media nacional. Fue delineado a partir de un proyecto arquitectónico que buscaba la funcionalidad de la institución. Toda el área tenía galerías y pequeños patios internos, además de un campo de futbol de grandes dimensiones, había espacios para oficinas de formación profesional, como amplias áreas de circulación.

     

    Una absurda superpoblación

    En el proyecto inicial la capacidad máxima era de 1.250 personas, sin embargo al momento de la masacre había más de 8 mil detenidos. Trabajaban más de 480 funcionarios, entre agentes penitenciarios y técnicos. Pese a la superpoblación, durante años la convivencia fue pacífica, sobre todo, porque la mayoría de los reclusos no eran de un alto grado de peligrosidad, siendo la mayoría condenados por crímenes contra el patrimonio y la propiedad privada.

    La tragedia llegó al cine en 2003. Cuenta las historias de los detenidos del mayor complejo penitenciario de América Latina.

    Más de mil presos trabajaban dentro de la penitenciaría, hacían desde escobas, artículos electrónicos hasta pelotas de futbol. Ante las duras condenas los detenidos trataban de mantener alguna dignidad.

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    Las condiciones precarias de la pequeña enfermería fue representada de forma fidedigna en el film Carandiru, de acuerdo con el médico DráuzioVarella, que trabajó en el complejo, quien no nos deja mentir acerca de que tanto los asesinatos, como la rebelión en sí, fueron producto de la total desidia del Estado y de la política de seguridad pública represiva, genocida contra la población pobre y su mayoría negra, que por alguna razón era mayoritaria entre la población carcelaria.

    Como la mayoría de los presos de la actualidad, eran decenas de hombres confinados allí, abandonados sin documentos, baleados, heridos, etc. Además de no recibir los cuidados básicos, en su mayoría no tienen acompañamiento psicológico, conviviendo con muchos presos con serios problemas en su salud mental.

    También está muy bien relatado en la obra del cineasta argentino naturalizado brasilero, Hector Babenco, que habían visitas íntimas y mucha diversidad sexual en el complejo, pero aun con los detenidos recibiendo preservativos, el Carandiru no tenía programas de educación sexual y prevención del VIH y ETS.

     

    Una institución asesina y corrupta

    De esa manera, muchos sin esperanzas, algunos sin saber por qué estaban ahí – apenas había un abogado por cada 300 reclusos, muchos no tenían una sentencia firme y estaban presos- además lidiaban con la posibilidad latente de sufrir violaciones y el contagio de todo tipo de virus y enfermedades.

    El hecho de que una masacre de esa magnitud, permanezca sin el debido reconocimiento y justicia, denota la insensibilidad social de la justicia brasilera y la total connivencia de la mayoría de las instituciones públicas con los crímenes cometidos por el Estado.

    Los familiares de las victimas siguen exigiendo justicia y reparación, actualmente existen 76 acciones contra el Estado algunas en organismos internacionales de Derechos Humanos. Ochenta y nueve víctimas eran presos transitorios, como ya dijimos no habían sido juzgados ni recibido condena, lo que nos remonta a la situación de indignidad e injusticia actual que persiste en el sistema penitenciario. Nunca hubo un pedido de disculpas por parte del Estado brasilero a las familias y a la sociedad por esos crímenes.

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