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Equipo de redacción del portal IzquierdaWeb.

En la mañana del miércoles 20 de Febrero, Jair Bolsonaro entregó personalmente al Congreso Nacional su Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC-6/2019) que trae como propuesta la reforma del sistema previsional. En un discurso pronunciado en el Gabinete del Presidente de la Cámara de Diputados, Bolsonaro afirmó: “Me equivoqué en el pasado y tenemos la rara oportunidad de realmente garantizar para las futuras generaciones un sistema jubilatorio donde todos puedan recibir”.

La importancia que le da el ejecutivo muestra que la apuesta del gobierno es aprobar esa contrarreforma lo más rápido posible, articulando con el Congreso para intentar contrapesar la crisis interna que lo colocó contra la pared tras sucesivos escándalos de corrupción al rededor del núcleo duro de la familia Bolsonaro y esquemas de candidaturas truchas que marcaron la campaña electoral del partido del actual presidente y culminaron en la dimisión del Secretario General de la Presidencia, Gustavo Bebianno.

Los patrones y el gobierno quieren vender la reforma diciendo que el proyecto ataca los privilegios de aquellos que ganan más, reforzando una vez más el discurso distorsionado anti-servicios públicos y de “responsabilidad”. Un discurso que coloca a los más ricos como referencia y busca ocultar lo reaccionario de esta medida para los trabajadores y la masa de empleados públicos a nivel estatal y municipal, que serán los principales afectados.

La estrategia de comunicación en relación a “reforma” del gobierno Temer cambió. Hoy no se habla más que la reforma es para reducir el déficit público, sino que ahora el gran capital, el gobierno y los grandes medios afirman que la propuesta viene para corregir injusticias del antiguo régimen previsional.

 

 

Ataque histórico a los trabajadores, a las mujeres, los más pobres y precarizados

Vamos a presentar los principales puntos de la “reforma” que cambia el sistema de jubilación.

 

Edad mínima

La edad mínima de jubilación será de 65 años para hombres y 62 años para las mujeres, lo que ni siquiera garantiza la jubilación integral, porque necesita ser combinada con 40 años de contribución. El cambio de la edad mínima ataca directamente a las mujeres, que serán las más afectadas con el aumento de años trabajados.

Por otra parte repercutió mucho el hecho que los militares quedan por fuera de la “reforma” y la manutención de los privilegios de los políticos, entre ellos la obscena posibilidad de jubilarse mucho antes de la mayorías de los trabajadores y con decenas de miles de reales de salario vitalicio.

Beneficio de Prestación Continuada (BPC)

El dispositivo garantiza una mínima pensión mensual a la persona con discapacidad y al anciano de 65 años o más que están en situación de extrema vulnerabilidad social (renta por persona del grupo familiar inferior a ¼ de salario mínimo). Y Con la reforma sólo tendrá derecho a recibir el beneficio de un salario mínimo a los 70 años, recibiendo un pequeño paliativo de R $ 400,00 a partir de los 60 años.

Para obtener la jubilación integral los trabajadores tendrán que aportar 40 años como mínimo y 20 años para obtener sólo el 60% del beneficio. Esto en una situación en que más del 40% de los trabajadores brasileños están en la informalidad, es decir, casi 40 millones de personas. [1]

Jubilación del Trabajador Rural

La regla actual garantiza la jubilación a los 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres. Con la reforma, la edad mínima para la trabajadora rural será elevada a 60 años. Aumenta la edad de las mujeres y aumenta de 15 años de actividad rural, aunque nunca ha contribuido, a 20 años de contribución de hecho.

Una simple apreciación de la propuesta elaborada por Paulo Guedes y su equipo de ultraliberales bastó para comprobar que se trata de un ataque muy profundo a los trabajadores y que busca más recursos para remunerar el gran capital financiero por un lado y comenzar a imponer el régimen de Capitalización privada, individual que obtendrá miles de millones para el capital financiero.

El régimen de Capitalización Individual, modalidad que deberá sustituir al actual régimen previsional para muchos trabajadores, fue implementado en Chile desde la década de 1980, inspirado en el modelo neoliberal de economistas que estudiaron en la escuela de economía de Chicago, Chicago Boys como Paulo Guedes que hoy es quién dirige la batuta de la política económica.

Jubilación de los Profesores

Hoy no hay edad mínima para profesores y se exige 25 años de contribución para mujeres y 30 para hombres. Con la reforma será necesario, para ambos sexos, comprobar 30 años de contribución exclusivamente ejerciendo función de profesor, sea en la educación infantil, enseñanza fundamental o media, diez años de efectivo ejercicio de servicio público y cinco años en el cargo efectivo en que sea concedida la jubilación. Además, será necesario tener una edad mínima de 60 años para hombres y mujeres.

Cálculo de los sueldos

El cálculo de la jubilación a ser percibida por los trabajadores según la propuesta de la “reforma” encaminada al Congreso considerará el promedio del 100% de las contribuciones hechas a lo largo de la vida. A partir de ahí, el beneficio será definido, considerando el tiempo de contribución.

Actualmente, el cálculo del valor del beneficio considera la media del 80% de las mayores contribuciones, es decir, el 20% de ellas (las menores) son descartadas.

Pensión por viudez

Hoy la pensión por viudez es del 100%, con la nueva propuesta será de apenas el 60% del beneficio. El beneficiario recibirá sólo el 60% del beneficio más el 10% por dependiente.

Con la institución de la edad mínima de 62 años para mujeres y 65 para hombres, se elimina la jubilación por tiempo de contribución.

Jubilación por incapacidad permanente

Hoy la regla de cálculo de beneficio representa el 100%. Por la propuesta el beneficio pasará a ser del 60% más un 2% por año de contribución que supere los 20 años multiplicado por la media de los salarios de contribución.

Cambio de alícuota

Los servidores públicos serán uno de los sectores más afectados. La contribución de la seguridad social debe aumentar del 11% del salario hoy al 14%, con derecho a una tasa extraordinaria de hasta un 8% más. Esto podría hacer que el 22% del salario de un servidor esté destinado a la contribución previsional.

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Los militares

Los miembros de las Fuerzas Armadas, Policías Militares y Bomberos Militares no sufrirán ningún cambio con la reforma. Solamente Policías Civiles, Policías Federales y Agentes Penitenciarios y del sistema Socioeducativo están sujetos a la misma.

La propuesta de capitalización

La propuesta de capitalización no figura en el proyecto. El Gobierno prevé un régimen de capitalización, pero no establece detalles y remite a la Ley Complementaria. Lo que el gabinete ha defendido públicamente es que la capitalización será una medida complementaria a la llamada ‘carpeta verde-amarilla’, que representa un régimen con menos derechos laborales que el gobierno pretende implementar en Brasil. Esa propuesta de capitalización significa el fin de la Previsión Social y su carácter solidario.

En Chile, este modelo sólo generó ancianos en situación de miseria: el 90% de los jubilados recibe menos de dos tercios del salario mínimo del país. La tasa de suicidio entre octogenarios es la mayor en América Latina.

Intento de romper la solidaridad entre los trabajadores

Además del conjunto de ataques que se están dando a los trabajadores en la propuesta de “reforma” de la Previsional de Bolsonaro, quieren acabar con cualquier tradición de solidaridad y cuidado mutuo entre las generaciones de trabajadores en el interior de la clase trabajadora que tuvo origen histórico con las primeras grandes luchas obreras en el siglo XIX.

Todas las contrarreformas de ese gobierno además de los ataques económicos y sociales traen en su interior un claro contenido ideológico de intentar transformar a la clase trabajadora en una masa amorfa de individuos que permanezcan en el horizonte estrecho del individualismo, de la competencia y de la acumulación.

Sabemos que la guerra económica permanente contra la clase obrera exige en primer lugar el desarme ideológico para que se pueda realizar el político, esa es una de las condiciones fundamentales para los ataques contra los que el único lo único que hace es trabajar toda durante toda una vida.

La retórica del gobierno y de todos los “reformistas” de turno es que es “dramática la situación de las jubilaciones” porque la población tiende a envejecer de forma inexorable y, por lo tanto, los jóvenes no podrían soportar los costos del sistema. Esta narrativa parte de un problema demográfico real como es el aumento de la expectativa de vida y envejecimiento de la población, para soslayar los económicos, sociales y políticos y así “justificar” el recorte de derechos, la reducción de los beneficios y el aumento de la edad mínima jubilatoria.

Parte esencial de las manipulaciones en relación al sistema jubilatorio está el tema del “déficit” como argumento indefectible a favor de la “reforma”. Pero una serie de expertos en el tema afirman que el llamado déficit sólo aparece cuando se retira del cálculo ingresos que se prevén en la Constitución. Es decir, el gobierno, los técnicos del gran capital y los medios de masas se basan en una maniobra contable primaria para atacar a los trabajadores y sus derechos.

La propuesta de reforma también intenta fundarse en la idea de que el pago de las jubilaciones de los “servidores privilegiados” es la principal causa de los déficits públicos que están inhibiendo el crecimiento económico, la creación de empleos y el aumento de la renta de los trabajadores, y que si no se hace pondrá en peligro la jubilación de los “más pobres” en los próximos años.

La cuestión es que el cálculo hecho por el gobierno en el que se llega al “déficit previsional” no tiene en cuenta el conjunto de programas sociales que están compuestos por la Salud, Asistencia Social y la propia Previsión Social, trípode que forma la Seguridad Social y fue fruto de la Constitución Federal de 1988. [2]

En el cálculo del gobierno el déficit aparece porque sólo se considera lo que entra de recaudación del INSS para financiar la Previsión Social como un todo, los demás ingresos no. Las entradas para el sistema previsional de conjunto vienen de cuatro fuentes distintas: de las empresas que contribuyen sobre el beneficio (CSLL) y pagan la parte patronal de la contribución sobre la hoja de salarios (INSS); de los trabajadores que contribuyen sobre sus salarios (INSS) y la sociedad como un todo contribuye a través de la contribución contenida en todo lo que adquiere (COFINS). Según datos oficiales, la Seguridad Social en los últimos años ha sido superavitaria en miles de millones de reales [3] hasta 2015. Pero como la prioridad de los gobiernos fue destinar recursos para el pago de la deuda pública esa sobra acabó siendo absorbida y no fue utilizada en la inversión.

El gran objetivo del gobierno es favorecer el capital financiero en dos frentes, en uno en el sentido de garantizar tasas de rentabilidad cada vez mayor, la otra es mantener es mantener la exención fiscal de las grandes empresas y la última es transferir paulatinamente todo el monto de las contribuciones de los trabajadores a el sistema de previsión privada, un verdadero un “negocio de oro”…

El discurso del gobierno para convencer a la población en relación a la reforma de la previsional es que reducirá las desigualdades (sic). Sin embargo, la reforma no hace nada más que reducir drásticamente los beneficiosos de los más pobres, dificultar y restringir el acceso a la jubilación.

Este es el caso de aquellos que tienen 65 años y viven en situación de pobreza extrema, hoy tienen derecho al salario mínimo, si la reforma es aprobada pasará a recibir R $ 400,00. Por otro lado, si el gobierno acabara con exención de impuestos y subsidios a las grandes empresas con el monto de R $ 4 billones de Reales no recaudados en entre 2010 y 2019, por ejemplo – prácticamente se podría pagar el monto de la deuda pública.

Además, los grandes representantes del capital financiero cada año reciben más de R $ 300 mil millones por año de intereses y las grandes empresas deben fortunas al Sistema Previsional: el banco Bradesco R $ 465 millones, Vale R $ 275 millones y la JBS R $ 1, 8 mil millones, entre otras. [4]

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La construcción ideológica del gobierno, sus liderazgos en el Congreso, los economistas vinculados a los mercados financieros y los grandes medios dicen que la reforma va a combatir privilegios en el sector público, pues no se puede pagar jubilación para los altos salarios. [5]

Y el centro de la argumentación del gobierno va en el sentido de que sin reforma el país no podrá crecer, generar nuevos empleos ni aumentar los ingresos del trabajador, además de que el país se iría a la quiebra pues no podrá financiar sus cuentas.

Se crea entonces un estado de emergencia ficticio para intentar imponer una reforma que en el fondo pretende reservar una mayor parte de los fondos de la seguridad social para la remuneración del capital financiero que ya se queda hoy con el 46% del presupuesto público y empujar a más personas a los fondos de pensión o jubilación privados.

 

Lucha contra la “reforma” Previsional marcará toda una etapa

La Previsión Social, que fue una conquista histórica de la clase obrera, una expresión institucional de la solidaridad de clase y de la ayuda mutua está seriamente amenazada.

La “reforma” Provisional de Bolsonaro sin duda se configura como uno de los mayores ataques a la clase trabajadora y a los oprimidos de nuestra época, pues ataca las condiciones mínimas de existencia de los más pobres, retira derechos y profundiza las desigualdades entre hombres y mujeres.

El gobierno semi-bonapartista de derecha de Bolsonaro quiere con esa “reforma” dar un paso fundamental para romper la columna vertebral de los de abajo. Las contrarreformas que están en curso combinan ataques políticos y económicos, pretenden suplantar cualquier vestigio material y espiritual de conciencia de clase e imponer las condiciones políticas para una profundización aún mayor de la explotación y generar retrocesos históricos en varias áreas.

Para esto es fundamental sofocar cualquier resistencia, establecer una derrota estructural, e imponer a los trabajadores una situación de defensiva total.

Pero entre la voluntad de la clase dominante y la realización de sus proyectos está la brecha de la lucha de clases.

No es casualidad que haya inquietud en el Congreso. Los diputados Federales y Senadores saben que la tramitación de la PEC no será un paseo, por eso sólo van a hacer el trabajo sucio después de que el gobierno otorgue los puestos del segundo escalón prometidos, y están a la espera de la propuesta de reforma en relación a los militares a través de la ley ordinaria para que puedan justificar semejante ataque a los trabajadores. [6]

Por eso para inviabilizar el tratamiento de ese proyecto será necesaria una lucha histórica de los trabajadores. Consideramos que a partir del momento en que la clase obrera y los oprimidos se den cuenta del tenor de esa PEC todos se indignarán. Por eso, el trabajo de propaganda en ese momento es decisivo.

No podemos permitir que los dirigentes de la CUT, demás centrales y del PT hagan como en 2017, donde en vez de dar continuidad a la lucha que tuvo un momento importante en la huelga general del 28 de abril, desmovilizaron a los trabajadores a cambio de negociaciones con el gobierno. El resultado de esta orientación fue el triunfo de la contrarreforma laboral y la prisión de Lula, que allanaron el camino para la victoria electoral de Bolsonaro.

En ese sentido, consideramos que la primera acción organizada por las centrales, la Asamblea de la Clase Trabajadora del 20 de febrero fue importante, pero peca por un problema básico, se realizó a las 10 horas, dificultando la participación más amplia.

Este no es un problema secundario, pues sin la construcción de la resistencia desde la base y de la manera más masiva posible y de canales activos con los trabajadores, con el movimiento de mujeres y de la juventud no podremos derrotar ese tremendo ataque.

Colaboraron: Antonio Soler, Gabriel Barreto e Sara Vieira

 

NOTAS

[1] A pesar de ser el 54% de la población brasileña en edad de trabajar, los negros suman el 62,6% de los desocupados, casi la mitad (46,9%) de la población negra o parda está en la informalidad, mientras que el porcentaje entre blancos es de 33, el 7% y entre el 10% de los brasileños con los menores salarios, el 78,5% son negros o pardos. Por otro lado, entre los mayores ingresos, sólo el 24,8% no son blancos. La desigualdad se verifica también en la comparación por géneros. Una mujer informal recibe, en promedio, el 73% de un hombre en la misma condición.

[2] Fattorelli, Maria Lucia. A máscara do “déficit da Previdência. 18 de abril, 2017

[3] Idem: “el excedente de recursos fue de R $ 72,7 mil millones en 2005; R $ 53,9 mil millones en 2010; R $ 76,1 mil millones en 2011; R $ 82,8 mil millones en 2012; R $ 76,4 mil millones en 2013; R $ 55,7 mil millones en 2014, y R $ 11,7 mil millones en 2015.”

[4] El Santander y el Itáu que debían respectivamente R $ 338 millones y R $ 25 mil millones al Secretaría Federal de Recaudación tuvieron sus deudas perdonadas.

[5] No existe una propuesta de reducción de los altos salarios – todos los servidores que entraron en el servicio público después de 2013, ya están en el techo del régimen general que hoy es de R $ 5.832,00 – pues parte significativa de éstos, los más de 10 mil ya van a pagar la previsión privada.

[6] El hecho de que la propuesta no contenga a los militares causó críticas incluso de partidos de la supuesta base aliada del gobierno, tales como del presidente del PP, DEM, Podemos y PRB. Los parlamentarios consideraron demasiado duro el proyecto enviado por Temer y por eso tienden a hacer ajustes-sin perder la esencia de los ataques- en la propuesta para hacerla más pasable. Temas como la igualación de la jubilación rural para hombres y mujeres contenidos en el BPC los parlamentarios consideran difícil de aprobar. Otro punto polémico es que en el nuevo sistema la propuesta es que personas de 60 a 70 años en condición de extrema pobreza recibirían apenas R $ 400, sólo a partir de 70 años el valor del beneficio llegaría a un salario mínimo.

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