Por Tofi Mazú

Hace tres días que Bolsonaro gobierna en Brasil y ya tomó una cantidad más que considerable de medidas reaccionarias. Cumpliendo con el programa propuesto en su campaña electoral, viene a cuestionar los derechos del pueblo trabajador, las mujeres, la juventud, el colectivo LGBT y la comunidad aborigen y negra del gigante latinoamericano.

1. La Jefatura de Gabinete despidió 320 trabajadores y trabajadoras. Tras dejarlos sin trabajo, analizarán en qué período fueron contrataron. Si obtuvieron el empleo bajo el gobierno de Lula o el de Dilma, serán efectivamente despedidos. Si fueron contratados durante el gobierno de Temer, supuestamente recuperarán su empleo. Esto no es únicamente quitarle su fuente de trabajo a cientos de empleados públicos y achicar el Estado, lo que ya es terrible, también es persecución política.

2. El Consejo de Control de Actividades Financieras, que se encarga supuestamente de combatir el lavado de dinero y actividades financieras “irregulares”, dejará de estar en manos del Ministerio de Economía y estará bajo la tutela del reciente fusionado Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Al frente de este nuevo gabinete está a cargo el juez Sergio Moro, quien fuera el responsable de la Operación Lava Jato. Por ahora es una medida más bien ideológica que puede tener, no obstante, consecuencias bien tangibles. Los especuladores y banqueros dejan de tener al Ministerio de Economía como fiscalizador de sus actividades. Le dan así un carácter puramente judicial a sus múltiples y universales fraudes financieros, como si no se tratara de un problema que atañe al futuro económico de todo Brasil. El gesto es más que significativo, es parte de la promesa de Bolsonaro de sacar la nariz del Estado de las actividades de “los que producen”, que en su imaginario mundo liberal son los empresarios.

3. La Secretaría de Gobierno tiene ahora entre sus competencias la posibilidad de “supervisar, coordinar, vigilar y seguir las actividades y las acciones” de las organizaciones no gubernamentales que funcionan en Brasil. Todavía están por verse los alcances de esta medida pero hay acuerdo incluso entre la burguesía crítica de Bolsonaro de que se trata de un fortalecimiento del poder de control del Ejecutivo sobre los órganos de la sociedad civil. Hay que tener en cuenta que Brasil tiene una larga tradición de instituciones formalmente democráticas que en los hechos ejercen un control policial sobre la población y sus organizaciones. Así funcionó la dictadura militar durante más de dos décadas, disfrazando su régimen de facto de uno “republicano”.

4. La Comisión de Amnistía, el organismo responsable de la reparación y la memoria por las víctimas de la última dictadura militar de Brasil, pasará a manos del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, que dirige la pastora evangélica Damares Alves. Es hartamente pública la defensa de Bolsonaro de la dictadura militar junto a sus atrocidades. Como ejemplo queda lo que dijo en oportunidad de su voto en Diputados a favor del Impeachment a Dilma: “Por la memoria del Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el pavor de Dilma Rousseff”. Ustra fue un reconocido torturador y asesino, el primero en ser sentenciado por los tribunales. Sin duda, esta medida va en el camino de que la Comisión pierda toda función real.

5. La población LGTTBI de Brasil ha sido excluida de los programas de Derechos Humanos. Ni lerdos ni perezosos, Bolsonaro y la ministra Alves ya tomaron una medida en favor de los neo – fascistas que, al calor de la campaña electoral del actual mandatario, ya venían hostigando y agrediendo a gays, lesbianas y trans por las calles brasileras.

6. Los siguientes ministerios han sido suprimidos o han pasado a depender de otras carteras: Trabajo; Cultura; Seguridad Pública; Deportes; Ciudades; Industria; Comercio; Exterior y Servicios; Transportes, Puertos y Aviación Civil. Esto representa un ajuste presupuestario brutal, el despido de miles de trabajadores que se desempeñaban en las áreas recientemente cerradas y la potencial privatización de cantidad de competencias del Estado, como el transporte. La supresión del Ministerio de Trabajo, además, es un ataque en regla a los derechos laborales; el de Cultura al fomento público del arte y el conocimiento, etc.

7. La Fundación Nacional del Indio (FUNAI), que dependía del Ministerio de Justicia, pasó a manos del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, que dirige la pastora evangélica Damares Alves, una reaccionaria enemiga de los derechos humanos y de las mujeres. Como si esto fuera poco, la identificación, demarcación, registro y delimitación de los territorios ancestrales de los pueblos originarios, y donde viven también las comunidades de ex – esclavos negros, dependerá del Ministerio de Agricultura. Esto es terrible porque esta dependencia está en manos de Tereza Correa, una terrateniente que viene de desempeñarse como diputada por un partido que defiende los intereses de las patronales rurales. Esta medida es entregarle el Amazonas y la vida de las comunidades indígenas a los deforestadores y latifundistas, que tienen su propio bloque parlamentario, aliado de Bolsonaro.

8. El salario mínimo estipulado para el 2019 por el reaccionario gobierno de Temer era ya de escasos 1006 reales. Pero nada parece ser suficiente para Bolsonaro, que decretó un recorte a dicha propuesta y llevó ya el salario mínimo a 998 reales. Este ataque puro y duro a las condiciones de vida de la clase obrera brasileña afectará a por lo menos 43 millones de personas.