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No se trataría, no obstante, de lo que exigía la oposición de derecha. Se repiten las elecciones generales, no el ballotage que exigían Mesa y Camacho (para después pretender la caída lisa y llana de Morales). Esto significa que a priori la oposición iría dividida en las mismas condiciones que las elecciones pasadas. Se trata entonces de un posible escenario similar al de la elección pasada. Un ballotage implicaría en principio una posible derrota del gobierno, no la elección general en los términos que fue convocada.

El gobierno del MAS, con su política bonapartista, le regaló innecesariamente las banderas de la “democracia” a la derecha y extrema derecha cuando se negó a acatar los resultados del referéndum de febrero del 2016. Éste fue convocado por Evo para que se lo habilite a ser candidato a un nuevo mandato (no habilitado constitucionalmente) y lo perdió por estrecho margen. Recordemos que la Constitución del “Estado plurinacional” boliviano fue puesta en vigencia bajo el propio gobierno del MAS. Un año después, el TSE le habilitó ser nuevamente candidato a pesar del resultado negativo del referéndum.


En esas condiciones se llevaron a cabo las elecciones generales de tres semanas atrás. La ley electoral establecía que para ganar en primera vuelta el ganador debía obtener un porcentaje mayor al 40% y una ventaja sobre el segundo de más del 10%. Cuando se estaba llegando al 80% de los votos escrutados en el recuento provisorio, el TSE paró el escrutinio. Hasta el momento, el Evo no superaba los diez puntos de diferencia que le evitarían un ballotage (y la unificación de los votos de la derecha en su contra). Para cuando se reinició el escrutinio, Evo tenía un margen de menos de un punto porcentual para evitar el ballotage.


Ese fue el puntapié del inicio de las movilizaciones de la derecha reaccionaria que devinieron en un movimiento golpista. La asonada de la reacción, encabezada por Mesa y Camacho, tuvo por epicentro a Santa Cruz y por base a las clases más pudientes y blancas, en un país con larga historia de opresión racial. A pesar de ser un gobierno capitalista de pies a cabeza, el del MAS es uno encabezado por una figura originaria y ese sólo hecho le resulta inaceptable a la clase dominante tradicional.


No obstante, el movimiento de la reacción – al disfrazarse con la bandera de la “democracia”- logró arrastrar a capas sociales cada vez más amplias, volviéndose más y más peligroso. Las movilizaciones fueron sumando en los últimos días los amotinamientos policiales y la renuncia de funcionarios y alcaldes del gobierno a medida que las cosas iban escalando.

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El gobierno de Morales y Linera es ya parte orgánica del juego de la “institucionalidad” capitalista. Su base política no es más la movilización que le dio origen. Aunque desde un principio se trató de un movimiento reformista, la lucha originaria y campesina fue la que los transformó en la primera fuerza política del país.

Así, en vez de apostar a derrotar la intentona golpista con la movilización de masas -lo que implicaría su creciente radicalización- ahora hace pasar el acuerdo con la OEA para la convocatoria de nuevas elecciones.

La salida es una nueva Asamblea Constituyente Libre y Soberana que plantee la superación del capitalismo boliviano. La nueva constitución impuesta bajo el gobierno de Morales se hizo con amplios acuerdos con la derecha tradicional y no transformó nada de las bases sociales y económicas del país. El gobierno del MAS aprovechó el auge de los precios internacionales de las materias primas para sostener su estabilidad económica sin transformar sus relaciones sociales.

Las masas trabajadoras, campesinas, originarias y la juventud pueden derrotar en las calles a la reacción y poner fin a la política de los “acuerdos” que ahora derivan en la convocatoria de nuevas elecciones.

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