Honduras

Berta Cáceres: Cuatro años exigiendo justicia

El 2 de diciembre anterior la Corte Suprema de Justicia de Honduras dictó las sentencias para siete personas implicadas en el asesinato de Berta Cáceres. Cuatro fueron condenados a 50 años y 4 meses de cárcel, dos a 30 años y seis meses y uno a 34 años.

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Johan Madriz


Esta sentencia se produce 45 meses (3 años y 9 meses) después del vil asesinato, el 2 de marzo de 2016, que apagó la voz de esta activista que con su lucha denunciaba la destrucción ambiental en el rio Gualcarque debido al proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca desarrollado por la empresa DESA.

Justamente los empresarios de esta compañía, en complicidad con el Ejército, serían los autores intelectuales del asesinato. El Tribunal dio por un hecho, durante las audiencias orales y públicas, que ejecutivos de DESA conocían y dieron su aval para el asesinado. Berta Zúñiga, hija de Cáceres, ha expresado que “si bien desde el Ministerio Publico se ha anunciado en repetidas ocasiones que siguen investigando el caso, hasta la fecha, no se han realizado más ordenes de captura por la autoría intelectual del crimen”[i]. Aún no se ha hecho justicia, ya que quienes pagaron siguen impunes.

Cáceres era más que una luchadora por el ambiente. Su combate abarcada una multitud de aspectos que atañen a quienes se posicionan del lado de los y las de abajo: la defensa de los pueblos indígenas –siendo fundadora y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) –, movimientos sociales anticapitalistas, contra el patriarcado, el racismo y la dominación económica, política y militar del imperialismo estadounidense en Honduras.

Asimismo, fue la candidata a Designada Presidencial en la campaña de 2009 de la Candidatura Independiente Popular (junto a Carlos Amaya de Socialismo o Barbarie), evidenciando la necesidad de trascender las luchas reivindicativas con el objetivo de plantear una alternativa política de independencia de clase y unificadora de los movimientos sociales.

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Tras el golpe de Estado de ese año que sacó de la presidencia a Manuel Zelaya se retiró del proceso como una forma de denuncia al golpismo y para no participar en la farsa electoral que pretendía legitimar al régimen impuesto por las armas.

Sus luchas le habían valido grandes enemigos al tocar los intereses de empresas nacionales y transnacionales por lo que había recibido amenazas contra su integridad. Por este motivo se le habían dictado medidas cautelares de protección que fueron incumplidas por el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), lo cual deja aún más en evidencia la complicidad del régimen con su muerte. Su asesinato se suma a una larga lista de activistas y dirigentes sociales que han perecido defendiendo sus ideales posicionándose del lado de los sectores explotados y oprimidos ante la barbarie que ejerce el narco Estado hondureño.

Celebramos estas condenas como un paso en la dirección hacia la justicia por este crimen pero esta no estará completa mientras los empresarios, políticos y militares que dieron las órdenes no sean juzgados y sentenciados. Hay que continuar exigiendo que estas redes mafiosas sean condenadas. Además, es necesario seguir la senda marcada por Berta de la unidad de todas las luchas para derrotar la dictadura de JOH.

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