El Estado es responsable

Aparición con vida de Facundo Castro

La desaparición de Facundo es un delito aberrante que requiere la complicidad orgánica de la institución policial, la responsabilidad directa del Estado y la responsabilidad política de los gobernantes.

Martín Primo
Director del semanario Socialismo o Barbarie.


Carmen de Patagones.25-07-20. Pedido de aparicion con vida de Facundo Astudillo Castro. Foto: Pablo Leguizamon

El gobierno de Alberto Fernández continúa arrastrando una serie de asuntos que están presentes en la política nacional y que pese a no haber eclosionado ninguno aun, todos se mantienen en el horizonte político. En primer lugar, el mayor de todos es la pandemia. Un acontecimiento de dimensiones universales que marca la vidaen todo el mundo y que el hecho de haberse instalado como un dato más de la realidad no debe hacer que nos acostumbremos a él y que perdamos la trascendencia del mismo. Junto con esto, a una escala más “nacional”,tenemos el problema de la cuarentena y la apertura de la economía del país;o, dicho de otro modo, la forma específica cómo el gobierno administra las medidas políticas frente a la pandemia. Finalmente, junto con esto está el problema de la deuda y el pago a los bonistas. Un largo tango con idas, venidas y algún que otro firulete donde todo indica que la pareja de bailarines va a terminar la noche con un beso… pero por lo pronto, lo cierto es que las agujas del reloj se acercan a las doce y el tan deseado ósculo no ha llegado.

Entre tanto, estos largos meses de pandemia han ido erosionando cada vez más la ya frágil situación económica y social que se viene arrastrando desde los últimos años. Una crisis económica y social que está llevando al límite a millones de personas, principalmente en el conurbano bonaerense, que provoca que en los barrios se viva una realidad cada vez más densa. El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, al tanto de esta problemática, decidió jugar la carta de la mano dura y la represión policial. Desde que asumió no hizo otra cosa que alentar y cebar a la bonaerense para que salga con todo a pisar fuerte en el conurbano. El resultado inmediato fue un envalentonamiento de la policía y un incremento sideral de los casos de abuso policial, torturas asesinatos, gatillo fácil y el escandaloso caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro que el día de hoy se cumplen tres meses desde que la bonaerense lo detuvo sin que se tenga ninguna noticia de donde está y cuál fue su suerte.

Una larga pandemia que vino para quedarse un largo rato

Estamos a días de que se cumplan cinco meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente al Covid-19 como una pandemia. Está claro que la definición administrativa no es más que un dato burocrático, lo importante es recapitular las dimensiones de esta enfermedad que ya infectó a más de 17,5 millones de personas y que se cobró 700.000 vidas estos pocos meses. Una pandemia que además agravó exponencialmente la crisis económica mundial que ya se venía gestando, y que al día de hoy nadie está en condiciones de precisar la magnitud de sus efectos.

Esto es así por una razón de primer orden. Al día de hoy aún no hay ningún tratamiento realmente efectivo, ni ninguna medida preventiva más allá del distanciamiento social. De hecho, incluso países como España que ya habían transitado la parte más aguda de la pandemia y que se aprestaban a levantar las medidas de control, están desandando sus pasos ante los nuevos brotes y el temor del retorno a lo peor de la crisis.

La Argentina está atravesando una experiencia distinta. En primer lugar, debido a la ventaja geográfica que nos permitió ver la amenaza desde lejos, y en segundo lugar a que el gobierno nacional tomó preventivamente la medida de la cuarentena. Está medida funcionó para evitar que la pandemia crezca de manera descontrolada. Pero a la cuarentena no solo había que decretarla, también había que defenderla política y económicamente. Llegado este punto el social-liberalismo de Fernández mostró ser un proyecto vacuo y mezquino.

Tanto el gobierno como los sectores más rancios de la oposición patronal, se enfrascaron en una falsa discusión sobre que había que privilegiar, la salud o la economía. En este debate, astutamente, el gobierno se quedó con la bandera de “cuidar la salud de los argentinos”. Pero la discusión así planteada era pura falsedad. Lo cierto es que una medida de largo aliento como una cuarentena debía venir acompañada de una batería de decisiones económicas que permitiesen garantizar las condiciones de trabajo de los sectores realmente esenciales como los trabajadores de la salud y evitar que la cuarentena se vaya desintegrando a causa de la penuria económica. En primer lugar, se debían prohibir los despidos, suspensiones y rebajas de salarios, había que declarar el no pago soberano de la deuda externa y volcar todos los recursos de la nación (no solamente la casa de la moneda) a garantizar la salud de la población y cargarle el costo de esta medida a la gran patronal. Pero nada de esto se hizo, ni siquiera se avanzó con la expropiación de Vicentin ni con el impuesto a las grandes fortunas.

El gobierno social-liberal de Alberto Fernández no está dispuesto a enfrentarse con la burguesía, y por lo tanto, en lugar de defender la salud de los trabajadores se ha inclinado pragmáticamente por administrar la convivencia con el Covid-19. Esto y no otra cosa es la política de apertura controlada que se ha puesto en práctica durante las últimas semanas.

Además, es lo que explica que el gobierno insista en que no hay motivo para dar marcha atrás. Esto pese a que Argentina acumula casi 180.000 enfermos y 3.288 muertos, que los contagios hayan alcanzado casi los 6000 casos diarios y la evidente saturación que manifiestan los trabajadores de la salud, cosa que se contradice con que el promedio de camas de terapia intensiva siga sospechosamente clavado alrededor del 65% pese al incremento exponencial de casos.

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Mención aparte se merece la burocracia sindical que es probablemente el sector más negacionista y criminal en esta crisis. Desde el comienzo de la pandemia no se le conoció una sola declaración en pos de proteger la salud de los trabajadores, pero en cambio estuvo siempre presta a acordar las rebajas salariales, entregar las paritarias y como si fuera poco es la primera en impulsar el regreso al trabajo sin garantizar que se cumpla el menor protocolo, ni siquiera los testeos en casos de contacto cercano que no muestren síntomas evidentes de la enfermedad.

En todo caso, que la pandemia no haya estallado aun en nuestro país y que los números no hayan trepado a los niveles catastróficos de otras latitudes, no significa que la bomba se haya desactivado. El problema es grave y sigue presente. En este marco, Daniel Gollán, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, abrió el paraguas al advertir que de seguir así es factible que a mediados de agosto el sistema de salud de la provincia colapse. Más allá de los pronósticos del ministro, la pandemia es una realidad extremadamente grave que de ningún modo se puede soslayar su importancia. El gobierno nacional juega con fuego al creer que puede administrar la pandemia a la medida de los míseros intereses de la burguesía nacional, y a la vuelta de la esquina,esos malabares eventualmente pueden abrirle una crisis política.

Crisis social, inseguridad y violencia policial

La crisis social que se expande al calor de la pandemia y la crisis económica que esta agrava aún más, han profundizado los elementos de desintegración social y violencia en los barrios del Gran Buenos Aires incrementando la inseguridad en los mismos. En primer lugar, es importante dejar claro que no se puede avanzar en la solución real de los problemas si no se conocen las causas de los mismos.

La Argentina venía atravesando una fuerte crisis económica desde hace años que se profundizó en los últimos meses. Según datos del INDEC, en el segundo semestre de 2019 (antes de la pandemia) en el Gran Buenos Aires (GBA) la pobreza alcanzaba al 40,5% de la población, un total de 5.000.000 de personas de las cuales 1.400.000 eran indigentes. Esta cifra era del 29.5% a fines del 2017.

Este es el escenario de catástrofe social que se vivía antes de la pandemia. El temor a que esta olla presión estalle fue la cuestión de fondo que explica que Cristina, Kicillof y el kirchnerismo provincial hayan apostado preventivamente a un hombre como Sergio Berni para ordenar la tropa con el objetivo de contener un potencial estallido social.

Pero si la situación ya era gravísima antes de la pandemia, la llegada de la misma no hizo más que empeorarla. Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) dependiente de la Universidad Católica (UCA) de marzo a mayo de 2020, la crisis social pegó un salto cualitativo. En el conurbano bonaerense un 62,7% de la población vio caer sus ingresos, de los cuales un 20% sufrió una pérdida de más del 50%. Ahora, si consideramos al sector más pobre de la población, estas cifras suben al 75,3% duplicando la cantidad de hogares que no alcanzan a cubrir los gastos de la canasta básica. Se calcula que en la actualidad la pobreza en el conurbano estaría alcanzando al 52% de la población. Es decir que en tres meses la pobreza creció más que en los últimos dos años.

Durante los primeros meses, la cuarentena impuesta por el gobierno había generado un efecto de “apaciguamiento social”, pero con el paso del tiempo y el incremento de la crisis los diques de contención fueron cediendo y la violencia social ha repuntado.

Frente a esta situación las respuestas del Estado burgués y las distintas fuerzas que lo administran son variantes de la misma receta cuyo principal ingrediente es mayor represión y violencia policial.

En este sentido se apoya en el posibilismo del sentido común y  apuesta a “solucionar” la crisis social mediante la represión estatal. A más violencia e inseguridad, mayor violencia institucional.Esto de parte de la burguesía y de su Estado es el “ABC”. En definitiva, el liberalismo más libertario reconoce la necesidad del Estado ante todo para garantizar la propiedad privada mediante la violencia. No obstante esto, es evidente que amplias franjas de los sectores populares y de la clase trabajadora tienden a coincidir con las demandas de mayor despliegue policial, de gendarmería y menor “tolerancia” frente a los criminales.

Desde el marxismo es imprescindible distinguir dos fenómenos distintos y entender que la aparente coincidencia es superficial. Mientras que la burguesía es plenamente consciente que en el fondo las fuerza represivas son el garante de su dominación política sobre el conjunto de los sectores oprimidos y del disfrute de los beneficios de la explotación del trabajo ajeno, en los sectores populares lo que se expresa es un justo rechazo a los elementos desclasados y el elemental deseo de vivir en paz y de defender los bienes que lograron con el fruto de su trabajo.

El problema es que, en la medida que la violencia en el seno de la sociedad es un subproducto de la desintegración social propia del sistema capitalista en crisis, la represión policial no genera una disminución de la violencia y del crimen, sino una escalada. Además, las fuerzas policiales, lejos de ser la solución frente al problema de la delincuencia, son parte del mismo problema en la medida que está harto probado que ellas están íntimamente relacionadas con las bandas de delincuentes, las redes de trata y el narcotráfico.

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En el caso del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la política de Kicillof y Berni es arquetípico. En primer lugar, tratan de separar el problema de la inseguridad de la crisis social.  Para Berni el incremento de la inseguridad es el resultado del otorgamiento de la prisión domiciliaria a un puñado de presos de la provincia que según datos verificado por la página web “chequeados” alcanzaría las 800 personas en todo el territorio provincial. Según el ministro provincial, son esas 800 personas las responsables de la crisis de inseguridad y serían los sectores “garantistas”, que se levantan contra los atropellos del Estado y sus fuerzas represivas, los culpables de todo.

Dado el diagnostico, descartada la problemática social de fondo y exculpado el régimen social capitalista, los Sergio Berni, al igual que las Patricia Bullrich exigen vía libre para “su propia tropa” e impunidad total frente a la consecuencia de sus actos. Los resultados de esta política es la multiplicación de hechos de abuso policial con extremos como en el caso de Santiago Maldonado (de quien el 1 de agosto se cumplen 3 años de su desaparición, sin que se haya avanzado un paso en que fue lo que realmente ocurrió con él) o la actual desaparición de Facundo Astudillo Castro.

El complemento de esta orientación es alentar la guerra de todos contra todos. Esto es lo que se evidenció en oportunidad del caso del jubilado en Quilmes, que luego de defenderse de un robo, salió a la calle y ejecutó al ladrón. Los socialistas no avalamos bajo ningún punto de vista el robo a un trabajador. La crisis económica puede explicar un fenómeno social pero no justifica el crimen contra la clase trabajadora. De la misma manera, el hecho de que el jubilado haya sido víctima de un robo violento, tampoco justifica el posterior asesinato a sangre fría del ladrón. El caso de Berni y de los voceros de la mano dura es distinto. En realidad su apoyo a que cada uno “meta bala” y “mate un chorro” es su confesión de que en el marco del capitalismo en decadencia la única “solución” que pueden ofrecer es la ley de la selva y el sálvese quien pueda.

La violencia social y la inseguridad son problemas estructurales del capitalismo. No hay ninguna solución práctica, ni real, que no empiece por frenar y desandar la crisis económica con su rastro de descomposición social y recomponer la organización independiente desde abajo en los barrios. Una salida real supone terminar con los privilegios de clase y con la explotación del trabajo ajeno. Esta es la razón por la cual la burguesía es incapaz de darle una solución real y duradera a este problema.

La Bonaerense desbocada y la desaparición de Facundo Castro

Estos meses pusieron en evidencia que la política de seguridad de Sergio Berni y Kicillof es una aberración que hay que derrotar. No  solo porque es ineficaz para terminar con el problema de inseguridad que afecta a los barrios, sino porque además es una usina de crímenes contra la población pobre en general y la juventud en particular.Esta “empoderamiento” de la bonaerense se vio multiplicado en medio de las condiciones de aislamiento que generó la cuarentena y la arenga permanente del Ministro de Seguridad provincial que justifica todos los crímenes y es garante de la mayor impunidad.

Según datos publicados  por la Correpi, en lo que va del año ya se cuentan 71 muertes en manos de las fuerzas de seguridad en todo el país. La policía de Sergio Berni es responsable de la muerte de Ezequiel Gauto de 22 años en Burzaco, de Daniel Alejandro Montes de 19 años en Gerli, Nahuel Gómez en Temperley, de la muerte de 23 personas en lugares de detención (8 de los cuales estaban en comisarías), de Ezequiel (23)y Ulises (25) atropellados por un patrullero en San Nicolás por incumplir el aislamiento social en el marco de la cuarentena. A esto se suma la muerte de Lucas Verón en La Matanza y una larga lista que suma 18 muertes solo en junio y un sinnúmero de atropellos, torturas y abusos.

En este marco de absoluta impunidad es que se dio la desaparición de Facundo Astudillo López el 30 de abril cuando salía de su casa en la localidad de Pedro Luro para ir a visitar a su novia. Después de eso lo único que se sabe es que lo detuvo la policía y desde ese momento está desaparecido, hace ya tres meses.

La desaparición de Facundo es un delito aberrante que requiere la complicidad orgánica de la institución policial, la responsabilidad directa del Estado y la responsabilidad política de los gobernantes. Ante la gravedad del caso no es solo imprescindible poner en pie la movilización más amplia posible, sino también llamar las cosas por su nombre. Ante este hecho el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia va a organizar este mismo jueves 30 una concentración frente a la Casa de Buenos Aires en CABA exigiendo la aparición con vida ya de Facundo Castro.

Desde el Nuevo MAS y el ¡Ya Basta! ya habíamos impulsado una movilización la semana pasada y seguiremos en las calles exigiendo la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, exigiendo la renuncia de Sergio Berni y planteando que el Estado es responsable.

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