Marcelo Yunes
Intelectual marxista. Especialista en economía.


Lo visto hasta ahora siembra muchos interrogantes en los analistas externos (…). Reconocen que la suspensión del ajuste de las jubilaciones ayuda a disminuir la indexación, pero destacan que el gobierno enfrenta un bajo nivel de tolerancia a medidas de ajuste fiscal debido a las crecientes demandas sociales y a la ola de disturbios sociales en América Latina. (…) Se reconoce que las iniciativas van en dirección de una mayor austeridad, pero la incertidumbre que rodea la trayectoria fiscal sigue siendo muy alta a los ojos de los extranjeros. (…) Desde afuera temen que las negociaciones [de la deuda] sean prolongadas y no descartan que se registre un incumplimiento de pago antes de llegar a un acuerdo

J. Herrera, Ámbito Financiero, 21-1-20

 

A poco más de un mes de la asunción de Alberto Fernández, hemos asistido al habitual desfile de comentarios superficiales desde el bando oficialista y desde la oposición de derecha (incluida buena parte de la prensa), los primeros poco menos que calificando al presidente de genial estadista y los últimos achacándole, según el caso, absoluta inoperancia o demasiados bríos. Pero, como se señala en el acápite, los acreedores externos parten de una mirada más sobria que reconoce que por ahora hay más gestos y declaraciones de intenciones que definiciones reales. No es de extrañar que los medios y periodistas afines al nuevo oficialismo dediquen buena parte de sus columnas y minutos de aire a las corruptelas, chanchullos y porquerías varias del macrismo que ahora salen a la luz. Es mucho más fácil eso que dar cuenta de los vaivenes y ejercicios de equilibrio que intenta el gobierno con todas las partes: los acreedores externos, los internos, los jubilados, los empresarios, los asalariados y la población en general. Veamos entonces hacia adónde apuntan esas primeras señales y cómo encara Fernández los principales frentes pendientes.

 

La canilla del dólar y la de los impuestos

Por orden de urgencia, el gobierno atacó primero la cuestión cambiaria, que amenazaba condicionar la inminente negociación con los acreedores. El cepo 2.0 vino con un límite draconiano de apenas 200 dólares mensuales, con objeto de frenar la sangría especulativa que podía vaciar de dólares al BCRA, a lo que luego se sumó el “impuesto solidario” del 30% a los consumos en el exterior (o en dólares). Los escribas oficialistas se dedicaron a convencer sobre todo a los sectores medios (el chiquitaje que compraba dólares o los gastaba en turismo) de la necesidad de colaborar con el gasto social. Por desgracia, no ponen el mismo empeño en señalar que las grandes empresas, por un lado, siguen recurriendo al dólar Bolsa (MEP) y otros mecanismos para hacerse de billetes verdes, y por el otro, se  benefician de una apertura parcial del cepo sólo para aquellas que se manejan en divisas: hace una semana, el BCRA decidió permitir a las empresas remesas de beneficios en dólares al exterior (El Cronista Comercial, 16-1-20).

Aquí veremos un patrón que será constante: para aquellos sectores masivos de la población a los que se puede contener política y/o ideológicamente, las restricciones son mucho más estrictas que para el empresariado y los acreedores. Con un agravante: el dólar para ahorro y turismo a 82 pesos no va a dejar de ejercer presión sobre los otros tipos de cambio (el oficial, el blue, el MEP…) y por esa vía sobre los precios.

Siguiendo el patrón antedicho, mientras el gobierno dejó claro desde el principio que el cepo y el dólar desdoblado llegaron para quedarse, no tardó ni veinte días en flexibilizar las condiciones de acceso (¡y salida!) de dólares para las grandes empresas. En el mismo sentido puede leerse el “aumento” de las retenciones al agro, que el propio presidente aclaró que se trataba de una mera actualización a los valores de septiembre de 2018. Es de nuevo el criterio de la “prudencia”, la “racionalidad” y el “consenso” cuando se trata de la clase capitalista. De ahí que cuando los campestres caraduras salieron a quejarse y a llorar miseria como hacen siempre, recibieron de parte del oficialismo escucha y comprensión. ¡A punto tal de casi salir a pedir disculpas por dejar en el mismo nivel que Macri ese impuesto misérrimo, que deja intactas las ganancias de los mayores privilegiados del país! De más está decir que no hubo ni remotamente tantas contemplaciones para modificar la fórmula de ajuste jubilatorio, como veremos más abajo.

En cuanto al aumento del mal llamado impuesto a la riqueza, ver para creer. Aunque en los papeles es un impuesto progresivo, en los hechos –gracias a los múltiples vericuetos legales que aprovechan los ricos y los perejiles desconocen– lo que sucede es que los multimillonarios pagan muchísimo menos de la alícuota que les corresponde, y a veces nada, mientras que sectores medios mucho menos pudientes pagan religiosamente. Que nos desmientan: ¿alguien se enteró de que los magnates argentinos abonados a la lista de la revista Forbes de los dueños de más de 1.000 millones de dólares de patrimonio pagan todos los años 10, 20 o 40 millones de dólares de impuesto a la riqueza? También en el plano impositivo la ley es tela de araña, que atrapa a los bichitos mientras los grandes pasan de largo. La política tributaria de Alberto va a honrar puntillosamente esta venerable tradición argentina.

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Sigue el ajuste a los jubilados

Una de las primeras medidas del gobierno fue la “suspensión” (primero se sondeó uncongelamiento, pero rápidamente el albertismo advirtió que el horno no estaba para bollos) de la fórmula de actualización de jubilaciones. Hubo aquí una deliberada polarización, alentada por los medios de uno y otro bando: Cambiemos diciendo que era un ajuste encubierto y los albertistas replicando que los macristas no tenían la menor autoridad para sacar el tema. Por supuesto, ambos tenían razón.

La discusión con el oficialismo respecto de la supuesta “equidad” del cambio de fórmula (la nueva no se conoce) se liquida con una simple pregunta. A saber,¿para qué se cambia la fórmula de ajuste: para que el gasto total en jubilaciones suba o para que baje? Formular la pregunta es haberla respondido. Las sumas fijas lo que hacen es disfrazar este hecho con un adelanto por única vez y continuar el achatamiento de la pirámide de ingresos jubilatorios. Las consultoras y economistas cercanos al albertismo no ocultan que el saldo anual de ahorro fiscal que se calcula con esta jugada ronda el 1% del PBI, y representa el principal rubro que colaboraría con la reducción del déficit estatal.

¿Significa eso que la fórmula de Macri era buena? Para nada; significa que tanto Macri como Alberto recurrieron al mismo mecanismo: renunciar a ajustar por una fórmula dada exactamente en el momento en que se vuelve más beneficiosa para los jubilados y cambiarla por otra que los perjudica. Con una salvedad: Fernández todavía no definió nueva fórmula –en principio, sería actualización por la inflación a partir de 2020, esto es, salteando los porcentajes altos del segundo semestre de 2019–, con lo que se deja la puerta abierta para, si la cosa se pone espesa, mejorar un poco el ajuste pautado y decir que ése era el plan original…

Por otra parte, es sabido que el albertismo tenía en carpeta el “retoque” a la fórmula de actualización como prenda de negociación con el FMI desde antes de asumir. Así, Emanuel Álvarez Agis, economista de consulta permanente del presidente, proponía ya en noviembre “una especie de canje: una suba inicial de haberes (…) a cambio de desenganchar las jubilaciones de la inflación y atarlas a la recaudación, que probablemente siga subiendo menos que los precios” (A. Bercovich, BAE, 22-11-19). Aunque la salida de Agis era todavía más brutal–él proponía recibir los 10.000 millones pendientes del FMI, cosa que Guzmán, a la postre ministro de Economía, no veía conveniente–, la lógica es la misma: hay que mostrarle a los acreedores y al FMI que la “voluntad de pago” es, también,voluntad de ajuste. No salvaje, claro; no insostenible políticamente: mediado, moderado, negociado, “albertista”. Pero ajuste al fin.

 

Paritarias à la CGT (a la baja)

Aunque nunca lo dicen en voz alta –en voz baja sí, y por diversas vías–, desde el oficialismo saben que una de las condiciones para intentar domar la inflación y a la vez recuperar las arcas fiscales es limitar los aumentos salariales. Se trata de una cornisa muy fina: si se da rienda suelta a la voluntad de recuperar el poder adquisitivo perdido durante el macrismo con acuerdos paritarios “generosos”, se estará dando una señal de aceleración de precios. Pero tampoco se puede machacar con tanto deterioro salarial, no sólo por razones políticas sino económicas: por ahora, el único motor del crecimiento económico que pretende Fernández es el consumo interno (de inversiones, por ahora, ni noticias, sean de adentro o de afuera). Y eso no va a suceder sólo con las tarjetas alimentarias y los bonos por única vez, de modo que para la propia lógica oficialista no debería continuar el retraso salarial.

Por las dudas, la CGT ya avisó que está dispuesta a bajar todas las banderas que sea necesario e imponer a los trabajadores todos los “sacrificios” del caso. ¡Hasta llegaron a deslizar que podían aceptar una postergación de las paritarias por seis meses! Tanto exceso de celoalbertista –que además nadie le había pedido– hizo que Moyano saliera a diferenciarse; no sea cosa que los burócratas se quemen de entrada y no quede ningún fusible.

Pero hay que decir que a Fernández le viene bárbaro tanta buena disposición para entregar a los trabajadores. De allí que mientras se permite gestos que en plata cuestan poco y nada –reponer la paritaria nacional docente, reincorporaciones como las de Télam y el Posadas–, apuntan a lo más esencial: reventar las cláusulas gatillo de los convenios, tal como pretendió en su momento el macrismo.

Si eso se concreta, la situación de los trabajadores se va a parecer demasiado a la de los jubilados: en pleno proceso inflacionario, sus ingresos quedarán desprotegidos y desprovistos de cualquier mecanismo “automático” de actualización, lo que significa que en los hechos estarán a merced de la voluntad y el decreto del Poder Ejecutivo.

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Arranca la negociación de la deuda

De todos modos, todo lo anterior está, en el fondo, supeditado a lo que todos reconocen como la madre de todas las batallas: la renegociación de la deuda pública, externa e interna, en dólares y en pesos. El proyecto de ley enviado al Congreso no ofrece detalles y en realidad no es otra cosa que un permiso para negociar, con algunos pedidos alarmantes. Es que no se trata sólo de pedir autorización para emitir bonos, sino para prorrogar la jurisdicción de tribunales extranjeros y hasta la renuncia a la defensa de inmunidad soberana (Ámbito Financiero, 22-1-20). Suponemos que será para darse margen, porque si se concreta sería un nivel de entreguismo que compite con lo peor del macrismo.

El plan inicial del gobierno es negociar plazos de pago más que quita de capital o rebaja de intereses; las declaraciones de Joseph Stiglitz, el mentor del ministro Guzmán, de que los acreedores externos de Argentina deberán resignarse a una “quita significativa”, fueron más un problema que una ayuda. Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires (y, en menor medida, Chubut) sirve como caso testigo de la eventual buena voluntad de los acreedores para aceptar un “reperfilamiento”; el 31 de enero tendremos un adelanto en ese sentido. El discurso oficialista ha sido siempre el mismo: queremos pagar (afirmación absoluta), queremos “condiciones razonables” (afirmación que deja espacio para infinitas posibilidades).

Cuando Guzmán dice que “Argentina no puede sostener la carga de deuda que hoy enfrenta”, no hace más que reconocer la situación de virtual default del país (de hecho, Standard &Poor’s ya bajó la calificación de los títulos argentinos a “default selectivo”). Sin embargo, Guzmán se encargó de aseverar que el programa económico argentino es “diseñado y ejecutado por nosotros, sin condicionamientos” del FMI… por ahora. Lo que no impide que Fernández desparrame gestos de buena voluntad hacia EEUU en todas las áreas, culminando con la vergüenza de que el siempre simbólico primer viaje al exterior del presidente tenga como destino Israel, el más fiel aliado geopolítico de los yanquis.

El rompecabezas de la deuda argentina –excluyendo la deuda intra Estado– tiene las siguientes piezas, que intentaremos ordenar: deuda a acreedores externos e internos, deuda en pesos y en dólares, vencimientos de este año y futuros, tasas de interés diversas y marco legal de varias jurisdicciones, sobre todo Buenos Aires y Nueva York.El total de vencimientos en moneda extranjera con acreedores privados para 2020 es de 14.500 millones de dólares (la tercera parte, bajo ley de Nueva York), a lo que hay que sumar casi un billón (937.000 millones) de pesos, que equivalen, al dólar oficial de hoy, a casi 15.000 millones de dólares más. La deuda en pesos es casi mitad y mitad Lecap y bonos del Tesoro. Y no hay que olvidar 3.700 millones que deben pagarse a organismos multilaterales (1.600 millones al FMI y 2.100 millones al Club de París). El total sólo para este año es de más de 33.000 millones de dólares, con este detalle:

 

Vencimientos del Tesoro 2020, en millones

En dólares

Bonos ley Nueva York       4.458

Bonos ley argentina          4.732

Letes                                      5.330

FMI                                       1.598

Club de París                      2.132

Sub total                              18.250

 

En pesos                                

Bonos del Tesoro                                472.356

Lecap                                    464.950

Sub total                              937.306                (= U$S 14.877)

 

Total                           33.127            

Fuente: Ministerio de Economía, BCRA, FMI, Ámbito Financiero 10-12-19

 

Hasta aquí, los datos y el análisis. En adelante, todo dependerá del acuerdo que se haga (si se hace) entre el gobierno y los acreedores. No es posible saber (tampoco lo sabe el gobierno) cuál será el resultado de la negociación, que será compleja pero no necesariamente muy larga, ya que los plazos urgen: si no hay fumata blanca para abril, en mayo vienen vencimientos para los cuales, sencillamente, no hay plata. Y ese eventual default, blanqueado y oficializado, puede cambiar todo el panorama. Es un escenario que no le conviene ni a Fernández ni a los acreedores, y ambos lo saben.

Por ahora, una sola cosa es razonablemente segura: el gobierno argentino no quiere que la sangre llegue al río y busca llegar a un acuerdo. Pero ese acuerdo debería contemplar criterios mínimos de sustentabilidad política, sin dejar demasiado descontentos a los acreedores. El descontento de los trabajadores, jubilados y sectores populares, en principio, parece pesar bastante menos en la mesa de negociación. Pero eso es ahora, y el gobierno sabe que no puede tensar la soga en un arreglo por varios años suponiendo que la buena voluntad de la CGT va a alcanzar para todo.También aquí, la cornisa por la que va a caminar la negociación de la deuda es tan finita que se parece al filo de una navaja.

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