Firmando el viernes pasado

Acuerdo Federal de la Hidrovía: Sostener la privatización del Paraná al servicio de las ganancias

El pacto firmado por Alberto Fernández y siete gobernadores para una administración conjunta de la red fluvial del Río Paraná, sin cambios de fondo, implica la profundización de un sistema que pone el río al servicio del capital.



Este viernes Alberto Fernández protagonizó un acto en Puerto General San Martín junto a los gobernadores de Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones, provincias que atraviesa el río Paraná. No muy lejos de allí, organizaciones ambientalistas realizaban una protesta que tuvo su réplica en Rosario y otras localidades.

Aunque modestas, estas protestas son importantes porque marcan una continuidad con las luchas que se vienen llevando adelante desde hace más de un mes contras las quemas en el Humedal del Delta del Paraná y que tienen su epicentro en la ciudad de Rosario.

El contenido del Acuerdo, aunque fue anunciado como un importante paso en la dirección de la soberanía nacional, el federalismo y el desarrollo económico, no es más que un mero cambio administrativo para seguir fomentando un sistema que viene del menemismo.

El río como autopista fluvial privada

El Río Paraná es el principal afluente del país, un enorme curso de agua que proviene desde Brasil y atraviesa todo el noreste del país, atravesando de norte a sur Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. También se conecta a través del Río Paraguay con Formosa y a través del Río De la Plata con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sale al mar.

El dragado y balizamiento del río, su mantenimiento y el cobro de tarifas de navegación está privatizada desde 1995, cuando el gobierno de Menem licitó por primera vez este beneficio a la empresa Hidrovía SA, una sociedad entre la megaempresa belga Jan de Nul y Emepa, de capitales nacionales. Esa concesión se mantiene al día de hoy y el gobierno nacional pretende prorrogarla hasta 2022.

En paralelo a la administración privada del río como autopista fluvial florecieron en el curso inferior del río los puertos privados, pertenecientes en su gran mayoría a cerealeras y agroexportadoras pero que también incluyen otras como la minera La Alumbrera.

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El Paraná es la principal vía de salida de mercaderías para exportación del país y sustenta entre el 60 y el 75% del comercio exterior. Toda esta importantísima arteria se encuentra manejada y usufructuada por privados. Sobre esto el Acuerdo no supone ningún cambio de fondo.

Un acuerdo sin cambios de fondo

El Acuerdo Federal de la Hidrovía es el primer paso institucional hacia un cambio en la administración del río Paraná. Propone la creación de una empresa estatal entre Nación y las provincias que administre el uso del río y abra una nueva licitación para su dragado y balizamiento. Esto en parte porque Hidrovía SA se encuentra en la mira de la causa “cuadernos” luego de que el titular de Emepa admitiera haber pagado coimas para prorrogar la concesión en 2010.

En esta nueva empresa, el Estado nacional tendrá el 51% de las acciones, mientras que el 49% restante quedará en manos de las provincias que participan del Pacto, con una participación del 7% para cada una de ellas. Esta sociedad estatal será responsable de aprobar los pliegos, llamar a licitación, adjudicar la concesión y actuar como organismo de control de las obras previstas en el curso de agua.

En síntesis, la estructura mediante la cual el Estado cede la administración de un recurso estratégico y un importante patrimonio natural a manos privadas se mantiene intacta, sólo cambiando el órgano estatal que lo administra y la empresa privada que lo usufructúa. Esto en la mira no de generar un aprovechamiento más eficiente y sustentable del río, sino de crear más negocios.

El gobierno pretende también ampliar el dragado del curso inferior del río, que comprende desde la ciudad de Diamante en Entre Ríos, pasando por Rosario, hasta la confluencia con el Río Uruguay y la salida al Río de La Plata, para permitir el ingreso de buques de mayor calado. También está en evaluación la apertura de un nuevo canal en el Río de La Plata para facilitar la salida al mar.

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Basta de falsas soluciones

El plan de ampliación de la Hidrovía y su administración conjunta con las provincias es parte de lo que hasta el momento ha esbozado el gobierno nacional como programa para la pos pandemia: Una reactivación económica de la mano de aumentar la explotación y exportación de materias primas.

Lo poco que se sabe del “Plan Marshall criollo” de Alberto Fernández tiene como eje generar divisas a partir del fracking, la megaminería, la extensión de la frontera agropecuaria y acuerdos como el que intenta firmar con China para la producción industrial de cerdos. Se trata de la profundización de un modelo dependiente orientado principalmente a pagar deuda con un costo social y ecológico enorme.

Hay un hilo de continuidad entre las quemas intencionales que están devastando los humedales y se han extendido a once provincias, el acuerdo porcino con China y esta nueva iniciativa para ampliar la Hidrovía que tiene su raíz en un sistema de explotación de las personas y explotación de la naturaleza.

En todo el país la juventud se empieza a poner de pie para denunciar y enfrentar estos ataques, siguiendo un impulso que cobra fuerza a nivel mundial. Se trata de una lucha que pone sobre la mesa que el problema es un sistema que, como agudamente señalara Marx, tiende a destruir sus propias fuentes de riqueza: La naturaleza y las personas. Una premisa que tiene hoy más actualidad que nunca y que expone con claridad que el capitalismo no va más.

 

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