Acerca de la aprobación de la Ley Micaela



Por Luz Licht

A últimas horas del día de ayer, se aprobó el proyecto de ley que prevé la capacitación obligatoria a los empleados públicos de los tres poderes del Estado en materia de género.

Con 171 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención, fue aprobada en Diputados la creación de un “Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres”. La llamaron Ley Micaela, aludiendo al caso de la joven entrerriana, Micaela García, cuyo femicidio en abril del 2017 causó una enorme sensibilidad. El objetivo que dice perseguir dicha ley es la capacitación y sensibilización en las problemáticas de la violencia de género, de los funcionarios públicos y empleados de los tres poderes del Estado. Cosa evidentemente necesaria, solo con tomar de ejemplo el caso de Alfredo Olmedo, el único diputado que votó en contra de esta propuesta… simplemente porque es un reaccionario que niega que las mujeres suframos violencia; el mismo reaccionario que tildó de asesinas a las mujeres que se practican abortos.

A pesar de que este es un proyecto que data del 2007, gracias a la presión de diferentes sectores, se había dado lugar al decreto 1135/2018 para incluir este proyecto en la agenda de las sesiones extraordinarias del  Congreso, a raíz, sobre todo, del caso de Lucía Pérez. Ya que ese fallo absolutorio había dejado en claro a toda la sociedad la impronta machista de las diferentes instituciones;  particularmente,  del Poder Judicial, en el tratamiento de los casos de violencia hacia las mujeres, donde el carácter patriarcal de la justicia se evidencia día a día.

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Presentamos a continuación un resumen con los principales puntos que prevé el proyecto:

>>La ley obliga a la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, para todas las jerarquías, incluyendo a todas las formas de contratación de los empleados y a los funcionarios, abarcando la totalidad de los ámbitos y áreas.

>>La obligatorierdad atañe a los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- así como a organismos descentralizados.

>>El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres, (INAM) que dirige la cuestionada funcionaria macrista Fabiana Túñez[1], y el Ministerio de Modernización.

>>Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años esta capacitación. El incumplimiento o la negación a realizarlo se considera una falta grave, lo que incluirá sanciones e impedirá el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.

 

Alcances y límites de la Ley Micaela

Es evidente que la capacitación en violencia de género de cualquier sujeto que tenga en sus manos la responsabilidad de legislar e impartir justicia es necesario. Sin embargo, esta ley progresiva se presenta plagada de contradicciones. La primera es que su aplicación depende del INAM, el instituto que tiene al frente a la macrista Fabiana Túñez, y que destina once míseros pesos por mujer para combatir la violencia de género. Si Macri, tras este año de lucha enardecida de las mujeres, pretende lavarse la cara con la aprobación de este proyecto, el respiro le va a durar poco… lo que tarde en evidenciarse que esta ley no podrá aplicarse por su brutal ajuste.

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La segunda contradicción es el hecho de que, por más capacitación que exista, estos funcionarios que son parte del sistema que oprime y avasalla a las mujeres, seguirán fallando y legislando en nuestra contra para defender sus propios intereses. La respuesta más efectiva ante cada caso no es simplemente reformar a los dinosaurios, sino seguir construyendo un movimiento de mujeres independiente del gobierno y el Estado, que luche en las calles para ganar justicia y destituir a todos los funcionarios cómplices de la violencia.

Lo más útil y progresivo de la ley es que implica también concientizar a los empleados públicos. Es cierto que para las mujeres trabajadoras, en este caso las estatales, sería importantísimo que sus compañeros de trabajo, y sobre todo sus jefes, tengan formación en este sentido, para no ser violentadas en el espacio laboral. Sin embargo, cabe hacer una última observación: ¿Quién se va a encargar de impartir esta capacitación? Si depende del gobierno de Cambiemos, estamos en el horno. Para que la Ley Micaela sea eficiente, no solo hace falta presupuesto, sino que es indispensable que el contenido esté en manos del movimiento de mujeres y  las organizaciones del mismo, de quienes todos los días se organizan de verdad para terminar con este flagelo.

 

[1] http://lasrojas.com.ar/no-en-nuestro-nombre/

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