La ley señala a dos principales actores en la actividad, por un lado los «Repartidores/Mensajeros prestadores del servicio» y por el otro los “Operadores de Plataforma Digital”. Esta denominación no es casual y enmascara el principal problema que sufrimos los trabajadores de reparto: las aplicaciones no prestan un servicio digital, lo que “prestan” es un repartidor o repartidora de carne y hueso que realiza esa entrega.

#Urgente#Ahora
Ya estamos concentrando en Legislatura contra la Ley de Larreta. ✊?
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— Jóvenes Trabajadores Precarizados (@JTPrecarizados) July 16, 2020

Desde hace ya semanas, Vamos Juntos (PRO en la ciudad de Buenos Aires) viene dándole vueltas a un proyecto de ley para regular la actividad de los repartidores por aplicación en el ámbito de CABA. Desde este espacio la presentan como una ley de tránsito, es decir, que regula la circulación de bienes y personas por la ciudad. En realidad de lo que se es trata de una maniobra legislativa, que como caballo de Troya, intenta dictaminar que somos colaboradores, que entre los repartidores y las apps no hay relación laboral y por lo tanto las empresas no tienen responsabilidades con los repartidores. Esto sería un precedente legal escandaloso y con consecuencias prácticas nefastas para los repartidores. Por lo tanto, no se trata de una ley que le otorgue derechos a los mismos, sino más bien les impone obligaciones y restricciones. Veamos de qué se trata.

La ley señala a dos principales actores en la actividad, por un lado los  «Repartidores/Mensajeros prestadores del servicio» y por el otro los “Operadores de Plataforma Digital”. Esta denominación no es casual y enmascara el principal problema que sufrimos los trabajadores de reparto: las aplicaciones no prestan un servicio digital, lo que “prestan” es un repartidor o repartidora de carne y hueso que realiza esa entrega. No son operadores digitales, son empresarios millonarios que hacen fortunas con el trabajo de una juventud a la cual no le queda otra frente a la crisis más que estos trabajos precarios. Partiendo de la base que la ley no plantea a los repartidores como trabajadores, cada uno de sus puntos se vuelve otro ataque más a la ya acuciante situación que vivimos.

La primera restricción, y quizás la más grave es que la obliga a “Constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” para poder repartir. Con esto dejan sin poder trabajar a casi 6.000 pibes que todos los días se cruzan a Capital para subsistir. Literalmente expulsa a los trabajadores de Provincia de Bs.As., con un plumazo de tinta sobre papel.

Es sabido que hay muchos compañeros que son bloqueados por organizarse o simplemente por retrasarse con un pedido y tienen que recurrir a alquilar una cuenta prestada para poder trabajar. La ley propone poner en pie un registro único de repartidores, que en vez de dedicarse a resolver los problemas que enfrentan los repartidores diariamente, impone cuanta objeción arbitraria se les ocurra para poder trabajar con las aplicaciones. Igual de grave será la situación para todos los migrantes que en medio de la pandemia no han podido tramitar sus residencias pero dependen exclusivamente de repartir para poder comer.

Entre otras obligaciones, la ley estipula que los repartidores deben inscribirse de forma obligatoria a AGIP, es decir pagar ingresos brutos (otro impuesto más que deberíamos afrontar), que deben también contar con protección e indumentaria reflectiva. Nos ponen un impuesto más sin discutir la tarifa por la que repartimos. Gestionar ese permiso y obtener este equipamiento correrá obviamente por cuenta del repartidor.

No podemos encontrar ningún artículo de este borrador donde se responsabilice claramente a las empresas de app por la situación de los repartidores. Otro ejemplo, un artículo estipula que los repartidores deberán aprobar cursos y capacitaciones de las cuales se harían cargo de dictar “personas humanas y/o jurídicas y/o entidades sindicales con personería gremial”, pero de la empresa dando la cara o abriendo las oficinas ni hablar.

La redacción de la ley enmascara como un triunfo, una serie de seguros no dejando claro cuales quedarán a cargo de la empresa y cuáles a cargo del repartidor (otra carga más que sale de la mísera tarifa de reparto, a lo cual obviamente no hacen referencia alguna). Lo que sí nos deja en claro es quién será penado en caso de no poseer tales acreditaciones: “El Repartidor y/o Mensajero que preste el servicio utilizando cualquier vehículo que no se encuentre autorizado por la normativa y/o o similares y/o lo realice con acompañantes será sancionado con multa de cien (100) unidades fijas. El juez y/o controlador interviniente podrá librar oficio a la Autoridad de Aplicación para la aplicación de la suspensión y/o inhabilitación del repartidor y/o mensajero.”

Por último queremos indicar que la ley “prohibiría” los sistemas de puntos o incentivos. Pero hecha la ley hecha la trampa, sólo en tanto afecten “la seguridad vial”. Está de más decir que para los pibes arriba de la bicicleta, no hay un velocímetro, todo se mide en desgaste físico, en accidentes por correr detrás de un pedido, en el frío invernal calando los huesos. El primer abono para los sistemas de incentivos, para las penalizaciones es que no tenemos un salario fijo, que dependemos para poder sostenernos de dejar la vida arriba de una bicicleta o una moto. Sin eliminar ese problema de fondo, seguirán muriendo repartidores en asesinatos laborales, víctimas de la explotación cada vez más tirana de las aplicaciones pero también de la crisis económica que nos afecta.

En definitiva es una ley hecha por el PRO a medida de los empresarios. Porque lo que está de fondo es que esta ley no toca un milímetro nuestra condición de precarización. Más bien la profundiza porque nos carga con más obligaciones y más gastos, sin otorgarnos un solo derecho. Hablar de ART o seguros cuando ni siquiera contamos con un salario mínimo que nos permita afrontar cualquier descuento, es una estafa. Siendo los repartidores por aplicación un sector que no encuadra exactamente en ningún marco legal, la primera ley que el gobierno de la ciudad quiere aprobar para el sector profundiza y legaliza nuestra precarización. Podría sentar un precedente para futuras leyes que avancen más sobre nuestras condiciones.

¡Desde el comité de Jóvenes Trabajadores Precarizados rechazamos este proyecto de pleno! No queremos maniobras ni modificaciones como plantea el Frente de Todos, los de abajo no queremos sus migajas, queremos derechos.

Pusimos en pie JTP para poder organizarnos y salir a luchar contra todos estos atropellos. Nos reunimos a discutir nuestras problemáticas, participamos de las asambleas, de las movilizaciones e impulsamos campañas para llegar cada vez a más repartidores. Los trabajadores de reparto en todo el mundo se ponen en pie, en Brasil cientos se movilizaron. En Argentina empezamos a poner de pie un movimiento de repartidores y organizándonos hemos logrado hasta empujar a la burocracia patotera de ASSIM (conocida por sabotear muchas luchas) a pronunciarse contra la ley. No tenemos ninguna confianza en la legislatura ni en los partidos patronales y por eso trabajamos para sumar cada vez a más pibes y pibas precarizados a dar la pelea por otras condiciones de vida y otro futuro.

Invitamos a todos los repartidores y las repartidoras a concentrar el jueves 15 a las 11hs en legislatura porteña para rechazar este proyecto de ley ¡Somos trabajadores, nuestras vidas importan! ¡Sumate!