7 años de su desaparición, análisis del caso Daniel Solano | Capitalismo al desnudo

Daniel había organizado a sus compañeros contra las condiciones de esclavitud del trabajo rural. El sábado 5 de noviembre de 2011 tres policías lo sacan del interior del boliche Macuba de Choele Choel, 25 testigos ven cómo, junto con otros cuatro policías, lo golpean y lo llevan por la fuerza. Nunca se supo nada más de Daniel, al día de hoy continúa desaparecido. Hace 7 años, en diciembre de 2011, Gualberto Solano, obrero de la construcción salteño, llegó a Choele Choel tras recorrer 2.400 kilómetros con una foto de su hijo de 27 años, preguntando si alguien lo había visto. Murió en abril de este año luego de años de lucha, sin saber qué había pasado con su hijo. En agosto, los policías recibieron sus correspondientes penas de cadena perpetua.

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Editor en Jefe del portal IzquierdaWeb - Noticias de los trabajadores, las mujeres y la juventud.
Foto: La Poderosa

Por Alejo VM

El 1ro de agosto de 2018 siete policías fueron condenados a cadena perpetua como coautores del asesinato de Daniel Solano, de quien todavía no se encuentra el cuerpo: Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender, Héctor César Martínez, Juan Francisco Barrera, Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello.

 

La causa

Hace 7 años, en diciembre de 2011, Gualberto Solano, obrero de la construcción salteño, llegó a Choele Choel tras recorrer 2.400 kilómetros con una foto de su hijo de 27 años, preguntando si alguien lo había visto. El 10 de octubre por tercera y última vez, Daniel Solano, miembro de la comunidad guaraní de Tartagal, había viajado a trabajar en la cosecha de la fruta rionegrina, en un micro de la empresa “AgroCosecha”. Como los cerca de 400.000 trabajadores golondrina que recorren el país cada año detrás de las temporadas de cosecha.

Esta empresa, con promesas de trabajo digno, captaba personas para la trata por medio de “punteros” en las comunidades del Norte para ofrecerle a la multinacional belga “Expofrut” mano de obra temporal semi-esclava. Pero una vez en el lugar, la patronal que tercerizaba la contratación para la multinacional los hacinaban en gamelas, galpones más parecidos a penales superpoblados que a residencias, custodiadas por el nefasto grupo BORA (1) de la policía y autorizadas por la Secretaría de Trabajo del Municipio, y abonaba salarios hasta por la mitad de lo prometido, haciendo pasar a los trabajadores de a uno dentro de sus oficinas también con un cordón policial.

Lo último que Gualberto escuchó de su hijo por teléfono fue “me quieren estafar”. El día de cobro de la primera quincena, viernes 4 de noviembre, Daniel había planteado lo mismo en las oficinas de AgroCosecha delante de la patronal y la patota brindada por la policía, analizó el recibo de sueldo con sus compañeros (unos 150 en total) y planteó la necesidad de reclamar por lo que se les había prometido. Habrían estado organizando un paro para el lunes 7 que, de concretarse, hubiese sido un hito para este sector de trabajadores tan oprimido y fragmentado.

El sábado 5 de noviembre de 2011 tres policías sacan del interior del boliche Macuba de Choele Choel a Daniel Solano, 25 testigos ven cómo, junto con otros cuatro policías, lo golpean y lo llevan por la fuerza. Uno de ellos también sería custodio de la oficina donde Solano se quejó. Nunca se supo nada más de Daniel, al día de hoy continúa desaparecido.

 

La lucha

Gualberto nunca volvió a vivir todos sus días en Tartagal. Tras convocar una incipiente primera movilización exigiendo la aparición con vida de Daniel, comenzó un acampe que en varias oportunidades se transformó en huelga de hambre y marchas (y hasta un encadenamiento en el juzgado) cuando la causa se paralizaba, como cuando Bosco, primera Jueza del caso, que mantenía cajoneadas en total más de 100 causas de apremios ilegales, siguió la hipótesis policial del fiscal Brodatto de que Daniel se había ido a Neuquén por sus propios medios, por lo que tendrá que renunciar luego, no sin antes preguntarse: “¿Por qué no lo buscan en Bolivia?”

Daniel había desaparecido. La comunidad Guaraní Salteña recurrió a Sergio Heredia, quien tomó la causa de Gualberto como abogado querellante de la familia, tampoco volvería a vivir en Tartagal como antes. En tan sólo un mes desentrañó una red de encubrimiento tan profunda y con la desprolijidad tan característica de los impunes, que sólo había que escarbar 2 centímetros por debajo de la superficie para demostrar la podredumbre que subyacía a las relaciones sociales de producción organizadas alrededor de la cosecha para la exportación. Un entramado de complicidades entre empresarios, funcionarios y policías responsables de la desaparición forzada y asesinato de Daniel Solano, según las propias palabras del abogado.

Desde el inamovible acampe de Gualberto y la investigación independiente de Sergio Heredia junto a su colega Leandro Aparicio, el caso Solano se volvió una causa popular en Choele Choel, desde los activistas independientes y organizados, trabajadores, pibes perseguidos por la policía, hasta el cura del pueblo, pusieron en pie una movilización histórica de 700 personas que revolvió los lazos sociales que atravesaban la comunidad. Obteniendo un primer triunfo en 2012 con la prisión preventiva de los principales imputados en la causa, los siete policías.

Y a su vez, como cada vez que se tocan intereses de clase, polarizó con demostraciones y movilizaciones pro impunidad, aunque de menor magnitud. Organizadas por la patronal, el Poder Judicial y los mismos policías que plantaban pistas y testimonios falsos, apretaban testigos y golpeaban pibes, con declaraciones públicas típicas de la burocracia de UATRE del tipo “que habría que cuidar la empresa para que no se vaya” y aprietes en el acampe, pero donde los mismos trabajadores rurales que habían conocido la cara de sus dirigentes ese día, terminaron acudiendo a los abogados de la familia para que los ayuden a reclamar por su salario, repudiando a la burocracia y solidarizándose con la causa de su compañero Solano.

El caso se volvió emblemático en la zona, desnudó el régimen de connivencia entre el Estado y las patronales para someter a condiciones de semi esclavitud a los trabajadores rurales. Una connivencia estructural que atravesó todos los gobiernos, radicales y peronistas, que ponen el Estado al servicio de las multinacionales extranjeras, como lo hacen también a la hora de defender la propiedad de Benetton asesinando a Santiago Maldonado.

 

El juicio

El 20 de febrero de 2018 comenzó el juicio en la ciudad de General Roca, el caso ya es un emblema de la lucha contra la barbarie capitalista en el activismo de toda la Patagonia, en estos casos ligados a la brutalidad de la policía al cuidado de patrones de estancia, dueños de la tierra con todo lo que hay dentro de ella, trabajadores y comunidades incluso. Donde las libertades de organización sindical y de expresión, si en el sector privado de la producción industrial son una farsa, entre los trabajadores golondrina son una fantasía.

Las audiencias comenzaron con los siete policías en libertad y ejerciendo sus funciones desde el 2015, cuando junto a la elevación a juicio de la causa el anterior fiscal encubridor ahora juez, los dejó en libertad de apretar testigos en la calle y hasta en los mismísimos pasillos del tribunal donde el ex comisario intimidó a un testigo a punto de declarar. Pero también con una campaña exigiendo justicia de todos los sectores combativos del Alto Valle, organismos de derechos humanos, partidos de izquierda, sindicatos combativos, activistas independientes y estudiantes de la UNCo. Que hicimos presión en las concentraciones y audiencias de Ciudad Judicial.

El día 6 de marzo declara Gualberto, pocos días después el 3 de abril, fallece. Su cuerpo tras luchar 6 años con 3 huelgas de hambre (una de ellas seca) que habían afectado su salud aguantó hasta el juicio, llegó a hacer su descargo delante de los 7 asesinos imputados en libertad, no llegó a conocer la condena ni encontrar el cuerpo de Daniel, la impunidad le había hecho estragos en el cuerpo. El Estado que había matado a Daniel se llevó también la vida de Gualberto. Ni el gobierno saliente del radical Saiz en su momento, ni del FpV de Soria, con el kirchnerismo en el gobierno nacional después, ni el del filo-PRO Weretilneck ahora, movieron un dedo para esclarecer lo sucedido. Cada paso en la causa se dio gracias a la investigación independiente y la movilización popular, el fallo es su conquista.

 

El fallo

El Tribunal reconoció que hubo pistas y testimonios falsos (como el del dueño del boliche Macuba donde desapareció Daniel), que se presionaron testigos y que desapareció evidencia. Pero la sentencia a cadena perpetua responde sólo al cargo de “homicidio agravado por alevosía por ser cometido por un funcionario público”. Es un triunfo del conjunto de los trabajadores, las mujeres y a la juventud contra el gobierno de Río Negro y contra el giro reaccionario que propone Macri, con los militares en la calle para hacer pasar el ajuste. Es fruto de las relaciones de fuerzas democráticas conquistadas históricamente en el país, que hacen que no pueda desaparecer impunemente un trabajador cuando es levantado como una causa popular, y que este gobierno no logra revertir para legitimar las fuerzas represivas necesarias para pasar a fondo el acuerdo con el FMI.

Pero no abarca el problema estructural. Además de que no se expresa por el delito de desaparición y rechaza el pedido de prisión preventiva para los condenados, por lo que continuarán en libertad hasta que esté firme la sentencia, debiendo pasar antes por un tribunal federal. Deja impune los autores intelectuales del asesinato, vinculados en 24 causas conexas presentadas por la querella, entre ellas una por trata de personas contra AgroCosecha, la complicidad de funcionarios del gobierno que ponen la policía al servicio de Expofrut, de  Fernando Oris de Roa, quien fuera gerente de la multinacional que toma mano de obra cuasi esclava para ser luego nombrado embajador de Argentina en los EEUU por Macri y el Poder Judicial cómplice en la dilación y desviación de la investigación.

Es en última instancia, el Estado capitalista de conjunto. La conclusión de que este sistema de explotación y opresión está tan íntimamente ligado que sólo puede ser tirado abajo con un Estado de otro tipo, sobre nuevas bases, con los trabajadores organizados en el poder para transformar esta sociedad.

Las relaciones de fuerzas democráticas conquistadas en nuestro país son un importante punto de apoyo para derrotar el plan de ajuste y represión que quiere imponer Macri con los milicos, abrir otra perspectiva al calor de los enfrentamientos. Aquí han sido sostenidas gracias a la lucha inclaudicable de Gualberto Solano y sus abogados, sus familiares, las organizaciones y activistas que hemos acompañado la exigencia de juicio y castigo para los responsables, que nos plantea ahora la necesidad de seguir la lucha para que sean enjuiciados y condenados los responsables políticos del Poder Ejecutivo, empresarial y judicial que, como en este caso, han operado para mantener en la opresión y súper explotación a los trabajadores golondrina, donde organizarse sindicalmente desde abajo puede ser penado con la muerte. Es que Daniel Solano no fue el único trabajador asesinado o desaparecido para mantener la mano de obra frutihortícola en condiciones del siglo pasado donde si te quejas los golpeaban, amenazan o matan. En la investigación surgieron también los casos de muerte de Pedro Cabaña Cubas, Héctor Villagrán, Andrés Cuyebay. Es necesaria la organización de los trabajares rurales junto al resto de la clase para transformar este régimen de explotación bajo la perspectiva política revolucionaria de la emancipación de la clase obrera, conseguir justicia de manera definitiva, y que esto no suceda nunca más.

 

(1) Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto (BORA), reconvertida en COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate) por el actual gobierno de Río Negro a raíz del caso Solano.

 

 

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