1. Antecedentes históricos y políticos

Victor Artavia
Historiador. Dirigente del Nuevo Partido Socialista de Costa Rica, miembro de la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie.


“No hay en España ninguna clase con intereses y fuerza como para emprender el camino de la revolución democrático-burguesa. La débil burguesía sólo acierta a defender sus privilegios locales, medievales, revelando así su incapacidad para elevarse a clase nacional”.

Milcíades Peña, Historia del Pueblo Argentino

 

El estallido de la guerra civil evidenció las profundas contradicciones sociales que España no resolvió a lo largo del siglo XIX y las primeras décadas del XX. El papel de la monarquía y el Ejército en el Estado, la concentración de la tierra en latifundios, el poder económico y cultural de la Iglesia, los derechos a las nacionalidades y las reivindicaciones del movimiento obrero fueron las principales tensiones que se entrecruzaron a lo largo de los tres años de guerra.

Por esto iniciamos nuestro estudio con una aproximación histórica a la sociedad española de ese entonces, estableciendo las coordenadas histórico-políticas que nos permiten comprender las particularidades del desarrollo capitalista español, así como la ausencia de una revolución burguesa que resolviera las principales reivindicaciones democráticas y sus implicaciones en las relaciones políticas.

 

Del imperio colonial al rezago semicolonial

 

La guerra civil estuvo precedida por una larga y progresiva crisis de España como proyecto de potencia mundial, configurando lo que Trotsky denominó una “enfermedad inveterada de una nación al margen del progreso” (España revolucionaria : 29). En gran medida, esto se originó en las particularidades del desarrollo capitalista del país, el cual pasó de ser un imperio colonial en el siglo XVI a convertirse en una economía de segundo orden en la Europa del siglo XIX.

A pesar de la vastedad del territorial colonial bajo su dominio, el imperio español no logró consolidarse como una superpotencia mundial, limitándose a servir como un agente de la expansión internacional del capitalismo en beneficio de otras potencias europeas. De acuerdo con Milcíades Peña, España y sus colonias americanas brindaron un impulso inusitado a la acumulación capitalista en Europa, convirtiéndose en “engranajes decisivos en la estructuración del moderno mercado mundial”, pero sin que en sus territorios se desarrollara un capitalismo industrial (Peña, cit.: 42).

Por el contrario, la monarquía española prosiguió con la tradición “metalista” de la Edad Media que consistía en atesorar metales, los cuales no fueron utilizados para fomentar el desarrollo industrial, sino para comprar productos manufacturados a otras potencias europeas (cit.: 47-48).

De esta manera, la conquista y colonización de América produjo dos efectos contradictorios: por un lado, fue el sustrato material desde el cual España logró su mayor florecimiento internacional por un corto período; por el otro, fue el motivo de su estancamiento económico al bloquear las vías de desarrollo de un capitalismo industrial en su territorio. Debido a esto, la monarquía no pudo consumar una verdadera unificación nacional y, por el contrario, se profundizaron las tendencias separatistas entre las principales regiones, un factor desestabilizador que sería recurrente en diferentes momentos históricos.

Marx dio cuenta de esto en su análisis de la revolución española de 1854 (una de las tantas crisis del siglo XIX), al indicar que la constitución de la monarquía española generó condiciones muy favorables para la limitación del poder, producto de las guerras de reconquista de la península contra el dominio de los moros, por lo cual el país se construyó por la agregación de “pequeños trozos” que se constituían en “reinos separados”, donde gobernaban nobles con leyes y costumbres propias. Además, el estado de guerra interno en la reconquista generó ciudades amuralladas con pocos vínculos entres sí y, en el caso de las zonas costeras, de ciudades comerciales y marítimas muy desarrolladas. Por todo esto, concluía Marx, “España, como Turquía, siguió siendo una aglomeración de repúblicas mal administradas con un soberano nominal a su cabeza” (K. Marx, La revolución española).

Ante esta situación, la monarquía española tendió a apoyarse en el sector de los ganaderos trashumantes para contrarrestar a la nobleza y la burguesía locales, generando lo que Peña denominó una “combinatoria endiablada” de factores regresivos y progresivos que bloqueó cualquier posibilidad de desarrollo de una revolución burguesa. Los ganaderos impulsaban la unidad nacional para facilitar el desplazamiento del ganado para el pastoreo y vender lana a Inglaterra, pero al mismo tiempo se oponían al desarrollo de la industria textil porque afectaba sus exportaciones (Peña: 51-56). En respuesta a esto, la burguesía apostó a defender la libertad de las ciudades contra el poder central, pero, como ya analizara Marx, era una defensa de privilegios medievales para gravar a los productos “extranjeros” de otras regiones de España en las puertas de las ciudades, obstaculizando la unidad nacional (y un verdadero mercado interno) y la acumulación capitalista para el desarrollo de la industria (Marx, cit.).

Lo anterior marcó la debilidad histórica del capitalismo español, convirtiendo al país en una economía atrasada dependiente del resto de potencias capitalistas, con una burguesía débil sin capacidad de trazar una ruta para el desarrollo nacional y de asegurar su integridad territorial, tanto a nivel continental como en sus colonias.

A partir del siglo XIX esto se transformó en un elemento de crisis, pues expuso el país al saqueo directo de las nuevas potencias. En el marco de las guerras napoleónicas, España perdió su monopolio sobre el comercio con las colonias americanas a manos de la marina inglesa, aspecto que golpeó severamente a la monarquía y dejó el futuro del imperio en duda (John Lynch, “Orígenes de la nacionalidad hispanoamericana”, en Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826, passim). En 1808 se produjo la invasión de Napoleón que desató la guerra de independencia española, que fue una respuesta de los sectores populares contra la ocupación francesa –no de la monarquía, que ya era “un cadáver exánime” (Marx, cit.)– y que se extendería hasta 1814. A pesar de salir victoriosa, la monarquía española entró en una crisis al ser incapaz de contener su control en las colonias latinoamericanas, lo cual se confirmaría al cabo de pocos años al declararse la independencia de la mayoría de los nuevos Estados latinoamericanos.

Esta situación se agravó más tras la derrota en la guerra de 1898 contra los Estados Unidos y la consecuente pérdida de Cuba y Filipinas como colonias. De acuerdo con Hugh Thomas, esto profundizó la crisis nacional, al generalizar un descontento entre todas las clases sociales y sus organizaciones políticas sobre el rumbo del país: “El año de la derrota, 1898, fue así un punto de inflexión: los españoles se vieron obligados a pensar en sí mismos como un país europeo pobre con pocos recursos” (The Spanish Civil War: 16).

Por esto España ingresó al XX como una nación de segundo orden en el escenario europeo, con índices de desarrollo muy distantes de las potencias del momento (Inglaterra, Alemania o Francia) y más cercana a la situación de un país semicolonial. Al analizar las estadísticas económicas de finales de los años 30, es apreciable cómo el comercio y los principales sectores de la economía española estaban en manos de las potencias imperialistas.

En materia de comercio exterior, el 96% de las importaciones provenían de Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y Francia, y estos mismos países eran el destino del 91% de las exportaciones españolas. Las inversiones extrajeras sumaban 970 millones de dólares de la época, siendo Gran Bretaña el principal inversor con 194 millones, seguido por Francia con 135 millones y Estados Unidos con 80 millones. También Bélgica y Canadá tenían fuertes inversiones en Asturias y Cataluña, respectivamente (Thomas, cit.: 22).

Debido a esto, las compañías extranjeras controlaban sectores clave de la industria y los servicios del país. Por ejemplo, la British Río Tinto Company y la Tarsis Company tenían enormes inversiones en la extracción de plomo y cobre; The Amstrong Company era dueña de la tercera parte de cerdos del país. Los franceses controlaban la extracción de plomo en Peñarroya y San Plato y habían construido los ferrocarriles, mientras que los belgas tenían inversiones en las minas de carbón en Asturias. Con los servicios ocurría algo similar, pues la telefonía estaba en manos de la International Telegraph and Telephone Company, las compañías británicas controlaban el servicio de agua en Sevilla y los belgas tenían fuertes inversiones en tranvías y ferrocarriles.

A pesar de esto, España experimentó un importante desarrollo comercial e industrial en Cataluña y Vizcaya, dos regiones periféricas que generaron gran cantidad de empleos y abastecieron al país de artículos de consumo, aspecto que incidió en un incremento en las condiciones de vida urbanas. Pero fue una industrialización que tendió a profundizar las contradicciones con Madrid, pues potenció movimientos nacionalistas impulsados por sectores burgueses y, posteriormente, por el movimiento obrero y sectores de la izquierda (Jackson, La República española y la guerra civil…: 34-36). Volveremos sobre esto más adelante.

En síntesis, España pasó de ser el principal imperio colonial por varios siglos a convertirse en un país sometido a las potencias capitalistas en el siglo XIX y XX. En este sentido, resulta muy apropiada la caracterización de Broué y Témine, para quienes España se transformó en un “país aplastado por su pasado”, donde las “clases del antiguo régimen siguen descomponiéndose, sin que por ello se lleve a cabo la formación de la nueva sociedad burguesa en gestación” (P. Broué y E. Témine: 10). Éste sería el terreno objetivo a partir del cual se polarizaría el país, dando paso a una intensa lucha política sobre cómo refundar España.

 

Una nación con revolución burguesa inacabada

 

A diferencia de Inglaterra o Francia, en España no se consumó una revolución burguesa que redefiniera las relaciones entre las clases sociales, estableciera un nuevo régimen político y resolviera las reivindicaciones democráticas más urgentes. Este factor, sumado al creciente asedio de Inglaterra, Francia y Estados Unidos sobre la soberanía del imperio español, condujo al país a una espiral de crisis políticas durante el siglo XIX e inicios del XX. La monarquía era la institución central del régimen político, a partir de la cual se garantizó la unidad nacional (más allá de las debilidades analizadas) y el funcionamiento del Estado desde la reconquista hasta el siglo XIX. Debido a esto, el país fue durante tres siglos uno de los más estables de Europa (Thomas: 10).

Pero todo cambió tras la invasión de Napoleón de 1808, que representó un punto de quiebre con una crisis de legitimidad de la corona e inauguró un ciclo de guerras civiles (entre isabelinos y carlistas) y sublevaciones militares. De acuerdo con el historiador Gabriel Jackson (hispanista norteamericano), el trasfondo de las luchas dinásticas del siglo XIX era el papel que debía jugar la monarquía en el reordenamiento económico y político del Estado: “¿Había que saludar el desarrollo del capitalismo, centralizar y unificar sus métodos de gobierno, permitir una cierta libertad universitaria y de prensa y aprovecharse de las riquezas acumuladas por la Iglesia…, cosas todas ellas ocurridas en Francia? ¿O debería reafirmar la monarquía el carácter exclusivamente católico, predominantemente agrario y la descentralización de la España tradicional?” (Jackson, cit.: 25).

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Esta inestabilidad del sistema político evidenciaba la crisis orgánica (en el sentido gramsciano) de la monarquía española, dado que el régimen político, de acumulación y la forma del Estado ya no tenían mayor viabilidad histórica, ante lo cual la burguesía española fue incapaz de transformarse en una alternativa de poder. Debido a esto se produjo una militarización de la vida política española (que se extendería hasta 1930 con la caída de la dictadura de Primo de Rivera), donde el ejército suplantó a la monarquía como eje del régimen político. Para Trotsky la recurrencia de los movimientos militares eran las “convulsiones crónicas” de la crisis general del país, donde las “clases dirigentes y semidirigentes se arrancaban impacientemente unas a otras el pastel del Estado”, situación que se agravaba dado que la burguesía republicana renunció a seguir el ejemplo de los jacobinos franceses, pues “su miedo ante las masas es mayor que su odio a la monarquía” (España revolucionaria: 29).

Así, entre 1833 y 1875 se desarrolló el periodo de los pronunciamientos, sublevaciones militares lideradas por un general que, previo acuerdo con otros sectores militares y de la oposición, instauraban un cambio de gobierno y garantizaban la continuidad de la corona (Jackson: 26-27 y Thomas: 13). Este funcionamiento no resolvió ninguno de los problemas estructurales de España y en 1868 se produjo la revolución gloriosa (un alzamiento militar con apoyo civil) que destronó a Isabel II, dando lugar al sexenio democrático durante el cual se ensayaron dos formas para solucionar la crisis del Estado: primero con la instauración de una monarquía parlamentaria y, posteriormente, con la declaratoria de la I República Española el 11 de febrero de 1873.

Esta experiencia republicana apenas duró 11 meses, lapso durante el cual ningún sector burgués fue capaz de consolidar la revolución burguesa y se profundizó la crisis política: hubo cuatro presidentes, una Asamblea Constituyente y la rebelión de los cantonalistas.3 Finalizó abruptamente con un nuevo pronunciamiento en diciembre de 1874, dando paso a la restauración de la monarquía de los Borbones.

Con la Restauración, la monarquía reorganizó el Estado con algunas medidas liberales. Por ejemplo, se instauraron las Cortes con cierto grado de libertad de palabra y para la formación de partidos políticos independientes, además de mayor libertad de prensa. Pero la monarquía era la que controlaba la designación del presidente del Consejo de Ministros y toda la iniciativa legislativa. Así, en realidad las Cortes eran un “falso parlamento”. Durante esta etapa se aplicó el llamado turno pacífico, garantizando la alternancia en el gobierno del Partido Conservador y el Liberal, en acuerdo con el rey y el resto de autoridades (Thomas: 13-14 y Jackson: 26).

Aunque este modelo de Estado permitió una relativa estabilidad, no pudo consolidarse ante la crisis del imperio español, particularmente tras la guerra de 1898 con los Estados Unidos y la consecuente pérdida de las colonias de ultramar. Esta derrota marcó a toda la sociedad española, cerrando cualquier desarrollo de las formas democráticas liberales y reinstalando al ejército en el centro de la vida política del Estado para garantizar los intereses coloniales en Marruecos (último resquicio del otrora poderoso imperio), apaciguar las tensiones separatistas en Cataluña y Vizcaya y, más importante aún, hacerle frente al despertar del movimiento obrero (particularmente en Barcelona y Bilbao).

El golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923 fue el último intento de la monarquía por controlar el poder, pero la dictadura no sobrevivió mucho tiempo a los efectos de la crisis del capitalismo en 1929 y su repudio entre la clase obrera y media de las ciudades. Por este motivo, el 12 de abril de 1931 se realizaron elecciones municipales donde la monarquía resultó derrotada y el ejército se rehusó a darle apoyo militar. El rey Alfonso XIII salió del país y el 14 de abril en las calles de Madrid hubo manifestaciones de miles proclamando la II República.

 

Las tareas democráticas pendientes

 

El carácter inacabado de la revolución burguesa española impidió la solución de tareas democráticas fundamentales, entre las cuales destaca la reforma agraria, la separación de la Iglesia del Estado y los derechos de las nacionalidades. Debido a esto, la España de finales del siglo XIX e inicios del XX combinó el desarrollo urbano/industrial y las vanguardias artísticas más sobresalientes de Europa con la pervivencia de instituciones y relaciones sociales anacrónicas en el campo y las zonas periféricas.

 

  1. La cuestión agraria

 

La concentración de la tierra era un reflejo de esto. En 1837 los liberales procuraron restringir el poder del clero mediante la desamortización de sus propiedades rurales, con la perspectiva de crear una clase de pequeños propietarios rurales que, como en Francia, fuera base social del proyecto republicano. Pero la reforma agraria francesa se garantizó a partir de la realización de la más importante revolución burguesa de la historia, mientras que en el caso español era un proyecto que se pretendía realizar mediante simples reformas y, como fue común en estas circunstancias, la lógica del capital puedo más que las aspiraciones románticas de los liberales: las tierras de la Iglesia fueron adquiridas por los grandes terratenientes.

Esto se transformó en una pesada herencia para los millones de campesinos y obreros agrícolas. Se estima que para comienzos del siglo XX un 70% de la población económicamente activa se dedicaba a la agricultura, en condiciones sumamente atrasadas y con muy bajos rendimientos (Broué y Témine: 10). En el campo español era más utilizado el arado romano de la Edad Media que el arado de hierro. Mientras en el Norte abundaban los minifundios que no garantizan siquiera la subsistencia de los campesinos, en el Sur predominaban los latifundios que funcionaban bajo condiciones de explotación salvaje y pagando salarios de hambre.

Por eso la cuestión agraria se impuso como uno de los principales problemas del país, tal como lo reconocerían todos los gobiernos a partir de 1900. Incluso se realizaron censos cuyas estadísticas arrojaron datos impactantes: los obreros agrícolas recibían 40 días de salario miserable al año, generando problemas de desnutrición y difusión de enfermedades (Jackson: 31). A pesar de conocer la grave problemática del campo, ningún gobierno o sector republicano impulsó la reforma agraria y el respeto de los derechos laborales en los latifundios, pues eso implicaba tocar los intereses de los grandes terratenientes, un pilar del capitalismo y la monarquía española.

De ahí que la Guardia Civil controlara las zonas rurales como si fueran territorios ocupados, única forma de garantizar la continuidad del régimen de explotación brutal en los latifundios y hacerle frente a las recurrentes luchas campesinas. Trotsky describió a España como “el país de las ‘guerrillas’” debido a las insurrecciones en el campo, las cuales se caracterizaban por ser muy sangrientas, aunque con un carácter estrictamente local y/o regional, rasgo típico de las luchas campesinas (Trotsky, España revolucionaria: 27).

 

  1. La Iglesia: corporación económica y eje de la reacción

 

La Iglesia Católica fue, junto al ejército, la otra gran institución centralizadora de la vida política, cuya existencia en España se extiende hasta mil años atrás. Ganó enorme prestigio popular debido a su oposición a la invasión de Napoleón, convirtiéndose desde ese momento en el centro de la resistencia contra las ideas liberales (Thomas: 49). Esto explica que el clero y los militares fueran los ejes más estables de la reacción contra la República y posteriormente en la guerra civil.

Aunque en 1837 sus intereses fueron afectados con la desamortización de tierras, mantuvo su control sobre la educación y continuó recibiendo financiamiento del Estado. Además en 1851, España firmó el Concordato con la Santa Sede, donde se estableció que el catolicismo era la religión oficial del Estado, lo cual representó una garantía legal para su posición de privilegio (Jackson: 30 y 62). Por ejemplo, mantuvo el control sobre la educación privada, que se convertiría en una de sus principales fuentes de ingresos, además de proporcionarle influencia cultural sobre un sector de la población: se estima que 5 millones de personas se formaron en sus colegios (Broué y Témine: 13).

A pesar de esto, todos los estudios históricos recalcan la pérdida de apoyo de la Iglesia entre la clase trabajadora, pues comenzó a ser identificada como un “instrumento de propaganda y de encuadramiento de los ricos”. Esto quedó de manifiesto en mayo de 1931 durante los primeros meses de la II República, cuando se produjo gran cantidad de quemas de iglesias y conventos (ídem).

Esta percepción era totalmente válida, pues la cúpula de la Iglesia era parte orgánica de la burguesía española. A partir de de la promulgación de las encíclicas “modernizadoras” de León XIII y Pío XI, las órdenes españolas interpretaron que era válido que la Iglesia incursionara en el mundo de los negocios y reuniera “capital clerical” para garantizar su labor “evangelizadora” (Thomas: 50). En 1912, un empresario catalán calculó que la Iglesia poseía la tercera parte del capital en España. Al día siguiente de proclamada la II República, el Ministerio de Justicia estimó que la Iglesia poseía 11.000 propiedades y controlaba importantes industrias y bancos: Banco Urquijo, las minas de cobre del Riff, los ferrocarriles del Norte, los tranvías de Madrid y la Compañía Transmediterránea (Broué y Témine: 13). A lo anterior hay que sumarle el ejército de funcionarios eclesiásticos distribuido por todo el país: en 1930 la Iglesia contaba con alrededor de 20.000 monjes, 60.000 monjas  y 5.000 comunidades religiosas (mil monasterios y 4.000 conventos) (Thomas: 48).

 

  1. Las nacionalidades oprimidas

 

Como explicamos anteriormente, la monarquía española no logró una verdadera unidad nacional del país, por lo que perduraron rasgos muy marcados de especificidad cultural en varias regiones del reino, las cuales posteriormente sirvieron de sustrato a los movimientos nacionalistas, particularmente en Cataluña y Vizcaya (País Vasco).

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Ambas regiones compartían muchas características que potenciaron el surgimiento de sus respectivos movimientos nacionalistas. Por ejemplo, gozaban de un nivel de vida más alto al del resto de la península, contaban con una tradición lingüística propia, sostenían relaciones históricas con Francia y fueron foco del desarrollo de la industria moderna en España (Jackson: 35). Esto último es un aspecto muy importante, pues generó la consolidación de fuertes sectores burgueses con un creciente sentimiento de autosuficiencia, ante lo cual impulsaron el desarrollo del catalanismo y el nacionalismo vasco como movimientos políticos adversos a Madrid, ya fuera para exigir mayores cuotas de autonomía o para sostener una agenda separatista (lo cual varió según la época y sectores sociales).

Por lo tanto, el catalanismo y el nacionalismo vasco reflejaban una identidad con arraigo desde abajo (sobre todo de sectores campesinos y trabajadores), pero su conversión en movimientos políticos fue dirigido por sectores burgueses que reconstruyeron un ideario de identidad nacional para dotarse de una base social en sus regateos y antagonismos con Madrid.

El catalanismo sirvió como un medio para crear lazos entre los campesinos catalanoparlantes y la burguesía industrial de Barcelona. Durante siglos el catalán fue un idioma común en el campo, pero fue hasta el siglo XIX que se produjo un resurgimiento filológico, literario y artístico catalán, auspiciado por la floreciente burguesía industrial (ídem). Por este motivo, hasta entrado el siglo XX el movimiento catalán tuvo un signo conservador en su agenda política y económica, además de ser apoyado por la Iglesia Católica. Su objetivo era presionar a Madrid por mejores aranceles para la industria local, y en 1914 lograron cierto grado de autonomía con la creación de la Mancomunidad.

Un aspecto importante del catalanismo es que nunca definió con claridad sus objetivos estratégicos. ¿Quería la independencia absoluta de Madrid o más cuotas de autonomía regional? Esto se profundizó cuando España se vio afectada por las transformaciones políticas del siglo XX, particularmente luego de la I Guerra Mundial y el desarrollo del movimiento obrero, con lo cual el “tono de la vida política se volvió menos católico y cada vez más conscientemente clasista” (ídem). Además, con la instauración de la dictadura de Primo de Rivera en 1923 se suprimió la Mancomunidad y los catalanistas pasaron a la clandestinidad hasta 1931.

Por este motivo, la burguesía catalana perdió control sobre el movimiento nacionalista, el cual terminó bajo el control de sectores de la pequeñoburguesía radicalizada, que tendieron a buscar apoyo en el campesinado y la clase obrera. Esto quedó reflejado en 1931 con la fundación de Esquerra catalana, partido de masas que se apoyaba en el sindicato campesino “Unió de rabasaires” y cuyo máximo dirigente era Lluis Companys, un reconocido abogado que laboró para la CNT por mucho tiempo y que se convertiría en presidente de la Generalitat más adelante y declaró la conformación del “Estado Catalán dentro de la República Federal Española” (Broué y Témine: 17-18).

El nacionalismo vasco también tuvo un origen muy similar al catalanismo, pues fue impulsado por la burguesía local y contó desde sus inicios con el apoyo de la Iglesia Católica, que exigían la restitución de los fueros autonómicos suprimidos con la I guerra carlista (1837). Lo anterior le dotó de un perfil más político (menos literario y cultural), además de ser muy conservador y religioso, rasgo que no perdería durante la guerra civil, a diferencia del catalanismo que giró hacia la izquierda (Jackson: 36). Su base social era el campesinado y sectores de la clase obrera.

En 1906 fue fundado el Partido Nacionalista de Euzkadi a partir de criterios raciales y religiosos, rasgos perfectamente reflejados en su eslogan “Todo para Euzkadi y Euzkadi para Dios”. Esta organización recibió aportes de los grupos capitalistas, pues servía de contrapeso al desarrollo de los socialistas y la UGT. De hecho los nacionalistas organizaron “sindicatos católicos amarillos”, las denominadas “Solidaridades de obreros vascos”, que defendían a la Iglesia y los capitalistas. Durante la República el nacionalismo vasco hizo acuerdos con los sectores más reaccionarios y de derecha, pero tras el rechazo del estatuto de autonomía en 1933 por la mayoría de la derecha se vio forzado a realizar un acuerdo con los republicanos y los socialistas para garantizar el estatuto de autonomía (Broué y Témine: 17).

 

El desarrollo del movimiento obrero

 

El período comprendido entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX se caracterizó por un crecimiento del movimiento obrero español, convirtiéndose en uno de los más fuertes y politizados del continente europeo, particularmente en Cataluña, que se convirtió en una de las regiones con más tradición de lucha. Engels daba cuenta de esto al referirse a Barcelona como “el centro fabril más importante de España, que tiene en su haber histórico más combates de barricadas que ninguna otra ciudad del mundo” (F. Engels, “Bakuninistas en acción”: 5).

Para lo anterior jugó un rol importante el desarrollo industrial del país y el fracaso de los sectores republicanos burgueses por consolidar una democracia burguesa que respondiera a los principales problemas del país. Debido a esto, las corrientes de izquierda lograron afincarse entre la nueva clase obrera y sectores del campesinado pobre, los cuales giraron hacia la izquierda ante la ausencia de una alternativa viable de sus reivindicaciones desde sectores burgueses.

El desarrollo del movimiento obrero estuvo marcado por la disputa entre los anarquistas y socialistas, imponiéndose los primeros como corriente hegemónica de izquierda entre la clase obrera, lo cual tendría consecuencias duraderas en cuanto a los métodos de lucha y tradiciones antipolíticas (Broué y Témine: 22). En este aspecto, España fue un caso anómalo en Europa, pues en el resto del continente se impusieron las corrientes socialistas que adherían a los postulados de Marx y Engels, en detrimento de los sectores anarquistas (o libertarios) seguidores de Bakunin.

En 1910 impulsaron la creación de la Central Nacional del Trabajo (CNT), que llegaría a ser la principal organización del movimiento obrero hasta los años 30 del siglo XX y representó una escuela de lucha para cientos de miles de trabajadores, pero también alimentó las concepciones ultraizquierdistas, antipolíticas y federalistas que le terminarían costando muy caro durante la guerra civil.

Por su parte, los socialistas se organizaron desde 1879 en el Partido Democrático Socialista Obrero y en 1888 impulsaron la Unión General de Trabajadores (UGT), la cual llegaría a convertirse en la otra gran central obrera y competidora directa de la CNT. Pero el desarrollo del PS y la UGT se produjo hasta entrado el siglo XX (sobre todo en Madrid y Bilbao, pues Cataluña continuó siendo el bastión del anarquismo) debido al éxito de varias huelgas que dirigieron y por la instauración de las Casas del Pueblo donde se educaron miles de militantes obreros (Broué y Témine: 25).

Los socialistas y la UGT fueron una corriente de izquierda reformista que incluso llegó a pactar con la dictadura de Primo de Rivera al colocar a Largo Caballero, principal figura obrera de los socialistas y dirigente de una de sus tendencias, como consejero de Estado de la dictadura, desde donde maniobró para bloquear a la CNT e impulsar el crecimiento de la UGT.

Así, el movimiento obrero español se desarrolló entre el ultraizquierdismo anarquista que pregonaba la acción insurreccional y los socialistas que sostenían la acción política pero reformista (Broué y Témine: 22). Tanto la CNT como la UGT eran organizaciones de masas, pero en muchas ocasiones funcionaron como extensiones sindicales del anarquismo y los socialistas que impidieron la unidad de acción entre ambas organizaciones, algo fundamental para impulsar el desarrollo de las luchas obreras. Por ejemplo, durante la huelga general de 1902 en Barcelona que comenzaba a extenderse a otras partes del país, la UGT optó por quedarse al margen y facilitó la derrota del movimiento.

A pesar de esto, la clase obrera española protagonizó luchas heroicas a lo largo de estos años, como fue la Semana Trágica de 1909 en Barcelona, una huelga general contra el alistamiento de 850 soldados desde el puerto de esa ciudad hacia Marruecos para apoyar las guerras coloniales, lo cual desató la furia entre los anarquistas, socialistas y radicales, que iniciaron una serie de motines con la quema de cincuenta iglesias. Dada la ausencia de una verdadera dirección política, la huelga degeneró en actos de destrucción sin ningún plan de lucha para triunfar, facilitando la represión brutal del Ejército, que cobró la vida de 120 personas (Thomas: 17-18).

Bajo el influjo de la revolución rusa, el movimiento obrero español protagonizó un ascenso de las luchas entre 1918 y 1920, que se denominó el Trienio Bolchevique (Zavala, En busca de Andreu Nin: 117-118). En este período se desarrollaron luchas impresionantes, como la huelga de La Canadiense en Cataluña, que se inició el 5 de febrero de 1919 y se extendió por 44 días, cortando el flujo de energía eléctrica en Barcelona, ante lo cual el gobierno decretó el estado de guerra y apresó a 3.000 obreros. A pesar de la represión, el movimiento se mantuvo firme y logró grandes conquistas, como el decreto de la jornada de ocho horas de trabajo. Otro caso fue el movimiento huelguístico en Andalucía contra el aumento de los precios, donde miles de obreros fueron a la huelga en Córdoba, Jaén, Sevilla y Cádiz, exigiendo la mejora de sus condiciones laborales y la reducción de su jornada laboral, ante lo cual el gobierno envió 20.000 soldados para desatar una feroz represión.

Podemos contabilizar muchísimas luchas de este tipo, durante las cuales se configuraron una serie de pautas o rasgos de las luchas obreras, caracterizada por intentos recurrentes de huelgas generales pero sin capacidad de articular un alzamiento a nivel nacional, pues se veían limitadas a las zonas de influencia de sus direcciones (ya fuera la CNT o la UGT) y sin ninguna política para constituir frentes únicos para impulsar las luchas, que sería uno de los planteamientos centrales del POUM en los años 30, aunque tomado de forma unilateral, como veremos más adelante.

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